La Contraloría General de la República difundió en julio de este año un informe de fiscalización al proyecto vial Armenia-Pereira-Manizales, operado desde 1997 por el consorcio Autopistas del Café. En la actuación especial se establecieron 12 hallazgos administrativos, de los cuales 6 tienen una presunta connotación fiscal por valor superior a los 218 mil millones de pesos, lo que da cuenta de la gravedad de lo encontrado por el órgano de control.

El hallazgo más notorio de la Contraloría tiene que ver con el recaudo de dinero de la concesión a través de los peajes. Según la entidad, una modificación al contrato inicial realizada en el año 2000, de las 17 que se han hecho hasta el momento, generó que se le destinaran a Autopistas del Café más de 68 mil millones de pesos al estipularse que los ingresos adicionales derivados de la operación, esto es, los recursos percibidos luego del Ingreso Mínimo Garantizado, una figura técnica mediante la cual se garantiza la rentabilidad del privado, se distribuirían entre el Estado y el consorcio en partes iguales: 50% para los inversionistas y 50% para la entidad pública. Lo pactado en la modificación del contrato está en oposición a diversas normas en las que se señalan que cuando existan ingresos después del Ingreso Mínimo Garantizado, éstos deben ser transferidos en su totalidad al Estado, se deben utilizar para obras adicionales o deben ser considerados como un factor para reducir el plazo de la concesión (Ley 105 de 1993, Concepto 1136 del 14 de abril 2005 del Consejo de Estado, entre otras).

Para el caso de las vías de Caldas, Quindío y Risaralda es claro que los recursos han ido a parar a las arcas de los inversionistas privados sin que se cumplan las condiciones estipuladas por la ley. La concesión de Autopistas del Café está proyectada hasta el año 2027, sin embargo, lo hallado por la Contraloría demuestra que a este consorcio se le han adjudicado ingresos adicionales superiores a los $70 mil millones de pesos sin existir justificación legal para ello ya que el concesionario no ha realizado nuevas obras con estos recursos ni ha planteado abandonar el proyecto vial. Es tan grave el asunto que la Agencia Nacional de Infraestructura -ANI formuló una demanda arbitral contra Autopistas del Café por estos hechos ante el Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bogotá. Dentro de las pretensiones de la ANI está la actualización del modelo financiero utilizado en el contrato con el fin de que se vuelva a calcular el plazo de la concesión, lo que derivaría en su terminación en 2017 y no en 2027 toda vez que el privado ya recibió los recursos que debía recibir a raíz de los excedentes apropiados durante estos años.  

Además de las posibles irregularidades que se hayan cometido en la negociación del contrato en favor del consorcio privado, las cuales deben ser castigadas si se demuestran, la relevancia de este corredor vial es latente. Diariamente circulan en promedio 34 mil vehículos por estas vías, lo que implica que más de 1 millón de autos se movilizan cada año.

La recuperación por parte del Estado de esta concesión no es una cuestión de poca monta. Si retorna a manos públicas, como debería ser de acuerdo a las normas del sector y a los hallazgos realizados por la Contraloría, se abriría la posibilidad manifiesta de desmontar uno o varios peajes o de lograr la reducción de su valor. Por su importancia actual y futura, la exigencia de que la concesión de Autopistas del Café culmine, debería ser una causa común de todos los dirigentes y ciudadanos del Eje Cafetero.