La OCDE publicó recientemente un estudio sobre la movilidad social en el mundo. En el informe se detalló que mientras en países como Dinamarca se necesitan 2 generaciones para salir de pobre o 6 en Chile y Argentina, en Colombia se requieren 11 generaciones para hacerlo. Esto implica que una familia colombiana con bajos ingresos solo podrá salir de la pobreza en 330 años. 
Una de las conclusiones del informe es que la alta desigualdad de ingresos genera baja movilidad social, razón por la cual -de entrada- se puede explicar el vergonzoso fenómeno colombiano: la persona más rica del país, Luis Carlos Sarmiento Ángulo, atesora una fortuna 4 veces mayor a la del magnate presidente de Estados Unidos Donald Trump, mientras nuestros pobres se asemejan más a los de África que a los del primer mundo. 
La OCDE indica que, entre otros, existen dos factores para garantizar la movilidad social: la educación y la equidad tributaria. En la educación básica y secundaria se siguen ampliando las brechas entre quienes estudian en colegios públicos y privados, quienes tienen bajos y altos ingresos, quienes tienen padres con bajos y altos niveles de educación y entre quienes viven en zonas rurales y urbanas. Según lo demostró Mauricio García Villegas en su paradigmático libro Separados y desiguales (Dejusticia, 2013), el proceso educativo en este nivel no logra igualar la cancha de la desigualdad sino que la reproduce. En síntesis, las políticas en educación básica y media son las culpables de que les sigue yendo mal a los estudiantes pobres, de colegios públicos, zonas rurales y padres con bajos niveles educativos. 
La educación superior pública, pese a ser la llamada a incrementar las posibilidades de movilidad, tampoco logra equilibrar el campo. La desfinanciación de las universidades públicas limita el acceso y la permanencia al otorgar pocos cupos, descargar parte de los gastos en las familias y desatender el sistema de bienestar. En el reciente proceso de ingreso a la Universidad Nacional solo serán admitidos 7.000 de los 79.000 aspirantes, el 57% de los costos de la educación superior son cubiertos por los hogares (Compartir y Fedesarrollo, 2016) y los programas de bienestar, como las residencias o los comedores universitarios, son una especie en vía de extinción. 
Como si fuera poco, la reforma tributaria de 2016 incrementó desbordadamente el pago de impuesto de renta de los profesores universitarios. Se dice por estos días que no hay persona más endeudada que un docente de universidad, y puede ser cierto, ya que el cobro derivado de la reducción del porcentaje de exenciones en los gastos de representación, los está poniendo a pagar el equivalente a dos meses de salario o más. Colombia es un país en el que la desigualdad después de impuestos, en lugar de reducirse, se incrementa, como lo expresa el hecho de que el Gini antes de impuestos sea de 0,52 y luego de ellos sea de 0,57. 
Hace 8 años en un foro en Colombia, el entonces director de Educación de la OCDE, Bernard Hugonnier, manifestó que la movilidad social depende mucho de la movilidad educativa y que a medida que se incrementa la inversión pública en educación, se eleva la circulación socioeconómica en la sociedad. Hugonnier propuso aumentar el gasto y elevar la calidad de la educación pública, invertir en formación docente, promover la autonomía escolar y limitar la expansión de la prestación privada de los servicios educativos. 
Todo esto contrasta con el camino que recorren los gobiernos colombianos. La doctrina del shock que quiere imponer el presidente Duque en educación, mediante el uso intensivo de la financiación contingente al ingreso, el cobro de matrículas en colegios públicos y el desconocimiento de los acuerdos con los docentes, busca perpetuar un modelo educativo basado en la privatización y en el estancamiento de la movilidad social. 
Las protestas de los docentes y estudiantes universitarios de las últimas semanas reclamando financiación estatal plena para la educación pública, son urgentes y absolutamente necesarias. Después de todo, pocas cosas se han ganado sin movilización y el incremento de la movilidad social solo será posible si la ciudadanía defiende decididamente sus derechos.