He dedicado mis dos artículos anteriores a reflexionar sobre la imperiosa necesidad que tenemos en Colombia de reconstruir la escuela, comoquiera que nunca en la historia de la educación del país se ha hecho una reforma estructural, y solo si acaso, nos hemos ocupado de remodelaciones y algunas tareas de mantenimiento del sistema. En estas dos ocasiones he planteado los cinco pilares sobre los cuales debe reconstruirse la nueva escuela: a qué deben asistir los niños; cuál debe ser el rol de maestros y directivos; cuáles las nuevas dinámicas y gramáticas escolares, y finalmente, en esta entrega, los dos pilares restantes, que son precisamente el papel del Estado, de las autoridades educativas y la tarea de otros agentes que posibilitan la misión escolar, dentro de los cuales están los padres de familia.
Con relación al rol del gobierno y de las autoridades en el campo de la educación, debo empezar diciendo que de acuerdo con la organización administrativa del servicio educativo, las escuelas en Colombia están provistas por especialistas, magísteres y doctores en educación; esto significa que la agenda pedagógica, curricular y didáctica está atendida por profesionales expertos en sus áreas disciplinares ¿Por qué entonces en el Ministerio de Educación Nacional y en todas las Secretarías de Educación se contratan profesionales para ocuparse de tareas pedagógicas, curriculares y didácticas? La respuesta es evidente, en primer lugar, un afán imparable por engrosar la contratación; de otra parte, y hay que aceptarlo así, la ausencia de una arquitectura pedagógica en la escuela, es decir, los expertos, si acaso, se han dedicado a la interpretación, más no al diseño y a la planeación. Está claro a todas luces que el gobierno y las autoridades educativas deben concentrar sus esfuerzos en hacer viables los proyectos diseñados desde la institucionalidad y desde la micro gestión escolar, esto es, una efectiva administración de la carrera docente; dotación, equipamiento e infraestructura escolar; garantía de acceso y permanencia al servicio educativo; transporte y plan de alimentación escolar; estrategias de valoración y seguimiento de la calidad educativa, entre otras.
Finalmente, hablemos de la tarea que deben cumplir aquellos agentes que influyen medularmente en la escuela, que tienen responsabilidades misionales y que permanecen en avizoramiento del acontecer educativo. Me refiero a los padres de familia, las corporaciones cívicas, los empresarios, los sindicatos y en general, instituciones que tienen que ver con las dinámicas escolares. Frente al papel de todos ellos, considero que desde la naturaleza misma de sus organizaciones debe fijarse un compromiso ineludible con la garantía del derecho a la educación de los niños de Colombia; constitucionalmente, a nadie le está permitido afectar negativamente la escolaridad, por el contrario, la sociedad civil en su conjunto y el país educativo deben ser generadores de oportunidades, así, el compromiso con la educación debe materializarse en las estrategias de responsabilidad empresarial de las organizaciones productivas.
“Todos por la Educación”, parodiando un exitoso movimiento de la sociedad civil brasileña, tendría que ser la gran apuesta educativa del país; en este sentido, bien podríamos empezar por la firma de un gran pacto nacional por la defensa de los tiempos escolares, donde absolutamente todos, sin excepción, respetemos los tiempos de estudio de los niños. Este sería un buen punto de partida, máxime si somos conocedores de que allí gravita una gran brecha de inequidad entre la educación oficial y la privada.
Termino con este artículo la reflexión sobre la reconstrucción de las escuelas de Colombia, en espera de que maestros y directivos asumamos esta gran tarea nacional, que tiene que gestarse desde el seno mismo de la escuela y no desde las despampanantes estructuras de palacio.