En varias oportunidades he criticado los desaciertos del alto gobierno en la formulación de la política pública educativa; asimismo, he presentado reflexiones sobre el trascendental rol de los maestros en la escuela y sus desempeños, que en ocasiones no se compadecen con la noble misión de educar. En esta oportunidad, quiero llamar la atención sobre un hecho que sucedió en el marco de las negociaciones entre el Gobierno nacional y Fecode, a raíz del paro nacional indefinido que desafortunadamente vivió el país este año. 
En los puntos acordados hay dos sobre los cuales deseo centrar mi reflexión. El primero está relacionado con la disminución de una hora en la jornada escolar (jornada única) y el segundo con la disminución de ocho a seis horas de la jornada laboral diaria de los psico-orientadores escolares. En el ámbito nacional e internacional, es claro que aumentar los tiempos de escolaridad de los niños mejora la calidad de sus aprendizajes, y que la atención oportuna de las situaciones psicosociales de los estudiantes impacta la evolución de su desarrollo cognitivo, de modo que es un contrasentido que el Gobierno y el sindicato lleguen a un acuerdo que poco tiene que ver con el mejoramiento de las condiciones laborales de los maestros y que, paradójicamente, va contra los beneficios de los niños en edad escolar en Colombia. 
Aún no salgo del asombro que me ha causado este acuerdo que, a la luz de los intereses de los niños, podríamos calificar como perverso. Confieso que me he hecho muchas preguntas que no logro responder: ¿Cómo explicarles a los niños que son ellos y sus necesidades el interés supremo de la educación? ¿Cómo explica el alto gobierno que ceda a las exigencias de Fecode, aun en menoscabo de los intereses de los niños? ¿Qué respuesta les entregaremos los educadores a las comunidades, máxime cuando ellas han sido solidarias con las reclamaciones y han acompañado las protestas? Al disminuir la jornada escolar, se disminuye la planta docente y pueden quedar por fuera maestros que recientemente fueron vinculados a la jornada única y que, además, participaron del cese de actividades, ¿cuál es el mensaje para ellos?
En estas condiciones, bien valdría la pena que el país educativo definiera sin ambigüedades cuál es el centro del sistema, cuál la médula de su dinámica, cuál la almendra que hay que proteger y salvaguardar. ¿Es la política educativa? ¿Es el personal docente? ¿Son los padres de familia? ¿Son nuestros estudiantes? La inquietud pareciera ingenua, pero no lo es porque las políticas, los programas y los proyectos son tan impertinentes que relativizan esa razón, al parecer única y lógica; y menos aún ahora, cuando quienes pactan y negocian la política educativa lo hacen con afectación directa a ese núcleo sensible que se supone todos deberíamos proteger: los niños.
Estoy totalmente de acuerdo con que hay que mejorar las condiciones laborales y prestacionales de los maestros, porque es urgente que se implementen estrategias efectivas conducentes a la dignificación de la profesión docente y el alto gobierno ha sido inferior a esa histórica responsabilidad. Por eso acompaño desde acá todas las acciones que sindicalmente se programen en la búsqueda de estos propósitos. Pero no estoy ni estaré de acuerdo con que sean los niños quienes tengan que pagar a elevados costos -como la ignorancia y el subdesarrollo- la incapacidad de aquellos que han sido inferiores en izar la dignificación de los niños como interés superlativo de la patria.