Hace algunos años me decía el doctor Arturo González Franco, excelso profesional del derecho tributario e impoluto ser humano, que la administración de impuestos en Colombia era un “ente demente”. Acudo a su memoria para tomar prestada con su aquiescencia esta expresión, porque creo que se ajusta perfectamente a lo que viene aconteciendo desde el Ministerio de Educacion Nacional a propósito de algunas decisiones que se han tomado sin consultar la realidad de las escuelas en Colombia ni mucho menos la esencia y las características escolares que gravitan en su ADN.
En varios artículos he mostrado por qué las políticas educativas que formula el alto gobierno van por una vía y las necesidades de la escuela avanzan por otros caminos muy diferentes. No se da respuesta a las más imperiosas carencias o necesidades, se legisla o se decreta sobre asuntos de poca importancia; algo así como se dice en lenguaje popular: “se soba donde no hay dolor”. Y estos tiempos difíciles no han sido la excepción.
En primer lugar, es un exabrupto asimilar el regreso de profesores y estudiantes a la escuela con el retorno de empleados, funcionarios y trabajadores de la industria, el comercio, las entidades del Estado y todas aquellas instituciones donde la disciplina, el autodominio, la autorregulación y el autocuidado pueden ser por lo menos potencialmente posibles. La escuela es otro mundo, allí se encuentran y conviven las emociones, las pasiones, los sentimientos, no los productos ni los servicios; es la vida misma la que marca el acontecer diario de la agenda escolar, y por eso el alistamiento para un retorno a las escuela debe ir más allá de los geles, los termómetros, los tapetes, los tapabocas y los alcoholes, porque fácilmente y en pocos minutos estos elementos se convertirían en instrumentos de juego montados por los niños con su magia encantadora.
Pero como si este importante hecho no fuera suficiente, ahora andan los delegados del Ministerio acompañados de algunos funcionarios de cada una de las secretarías de educación haciendo el “análisis de planta docente”. Recuerde, amigo lector, que una consecuencia funesta de la fatídica Ley 715 de 2001 fue tarifar el derecho educativo, algo así como hacerle un tratamiento quirúrgico a la pedagogía mediante la parametrización de indicadores al mejor estilo de la teoría industrial de “Tiempos y movimientos” de Frederick Taylor en el siglo XIX, solo que en este caso los han llamado “relaciones técnicas” consagradas en el Decreto 3020 de 2002. Si en condiciones normales es antipedagógico la aplicación de estos modelos, cuánto más lo es ahora en tiempos de pandemia. ¡Qué contradicción! Mientras las autoridades sanitarias de la nación están obligando el distanciamiento y el autocuidado, estos funcionarios están fusionando grupos, liberando maestros, cerrando jornadas y sedes educativas.
El sentido común del alto gobierno debiera estar revisando las condiciones más seguras para un posible regreso, y el hacinamiento no es precisamente la fórmula más sensata. El Diccionario de la lengua española define “demencia” como “deterioro progresivo de las facultades mentales que causa graves trastornos de conducta”, es decir, la demencia implica perder la razón, y esto es lo que encuentro en estas decisiones disparatadas: ausencia casi total de racionalidad. Y para complicar la situación, ahora pretenden que los maestros asistan presencialmente a la escuela para realizar las actividades de desarrollo institucional, las mismas que desde hace varios años venimos piloteando exitosamente desde la virtualidad y que ahora tendrían más sentido que nunca. Por eso me pregunto: si los maestros han sido capaces de atender su gestión pedagógica de aprendizaje desde escenarios virtuales y a distancia, ¿serán incapaces de llevar a cabo una tarea de lectura, análisis, comprensión y producción de textos pedagógicos?
El ilustre doctor González Franco murió sin haber sido testigo de la lucidez de la administración de impuestos en Colombia. Ojalá el arquitecto de la vida me permita antes de partir, saber que quienes formulan las políticas educativas en Colombia se encuentran con adecuada atención hospitalaria.