Por primera vez en Colombia se posesionará un presidente de pensamiento revolucionario e ideología de izquierda el próximo 7 de agosto. Que un mandatario de las entrañas de la clases populares, sindicales, sociales y del sector de los trabajadores llegue al solio de Bolívar constituye un acontecimiento histórico. De hecho, estos sectores, los diversos grupos sociales y, en particular, la población más marginada de nuestra Colombia profunda esperan del nuevo presidente grandes realizaciones y la consolidación de un nuevo país: más igualitario, más fraterno, más humano y más democrático. Todas estas aspiraciones son válidas, sobre todo para quienes han tenido que padecer largos años de injusticia e inequidad.
Sin embargo, es necesario advertir que ni el tiempo ni los recursos serán suficientes para atender satisfactoriamente el gran cúmulo de necesidades. Por eso, quiero hacer un llamado a la prudencia y a tener esperanzas razonables. Estamos ante el atisbo de un nuevo país; esto no ha cambiado aún, pero empieza a cambiar, y es necesario poner los pies en la tierra.
En particular, en el sector educativo podríamos hacer un listado interminable de urgencias y necesidades. Nos podríamos agotar en demandas y exigencias que seguramente servirán para alimentar nuestra frustración y desesperanza al ver que el tiempo del nuevo gobierno pasa y no se cristalizan las aspiraciones. Por eso, desde esta columna y en mi condición de maestro le expongo al nuevo gobierno los aspectos críticos de la escuela que espero sean alcanzados en este cuatrienio; otros asuntos igualmente importantes podrán ser agenda de un nuevo periodo si es que se aprueba con suficiencia el primer examen y así lo dicta el veredicto del pueblo colombiano.
En primer lugar, reitero que es necesaria la recuperación de los profesores de educación física y de educación artística para los niños de preescolar y primaria. Este hecho es medular en la amortización de las deudas que el gobierno tiene con los niños de Colombia a causa de sus erradas decisiones.
En segundo lugar, es necesario abrir las puertas de la escuela a los niños de tres y cuatro años, es decir, en grados prejardín y jardín; desde 1994 la Ley 115 determinó que el nivel de preescolar se constituía por tres grados: tres, cuatro y cinco años, y después de casi tres décadas aún estos niños encuentran cerradas las puertas de su escuela y solo pueden acceder a tímidos programas de asistencialismo del ICBF. Atender este clamor es hacer un gran aporte social en pro de la anhelada equidad que es una de las prioridades del nuevo gobierno.
Finalmente, para los maestros de Colombia pido dignificación. Esta rimbombante expresión encierra varios aspectos importantes: salarios, prestaciones sociales, condiciones laborales, reconocimiento de su trabajo, oportunidades, formación continua, entre otros. Pero sobre todo, espero que el nuevo gobierno, al menos por ahora, se ocupe de la salud de los maestros. Creo que todo lo demás da espera, pero los niños de Colombia merecen maestros sanos y médicamente bien atendidos y asistidos, porque a pesar de que contamos con un supuesto régimen especial, todos hemos estado cerca o padecido el drama de la precaria atención, en muchas ocasiones con desenlaces fatales. Una revisión al programa de salud de los maestros de Colombia es urgente para que en realidad sea un régimen especialmente bueno y no el deficitario que hoy padecemos y que data de cuarenta años atrás.
Una escuela con las puertas abiertas de par en par para los niños de Colombia desde los tres años; una escuela que canta, que declama, que baila, que juega la golosa y que salta la cuerda; y una escuela con maestros sanos y bien atendidos en sus requerimientos médicos y asistenciales son propósitos alcanzables y con los cuales el sector educativo debería sentirse muy bien tratado, a pesar de que sean tantas las necesidades y las precarias condiciones de la escuela actual.
Pero al poner los pies en la tierra, nos damos cuenta de que el gobierno saliente entrega el país con un déficit fiscal superior a los ochenta billones de pesos, y para el sector educativo específicamente el sistema general de participaciones (SGP) presenta un déficit superior a los dos billones. Por lo tanto, invito al nuevo gobierno a firmar un compromiso con el sector educativo, y a moderar sus pretensiones en el entendido de que tenemos un gran acumulado de falencias. Muy poco es el tiempo para atenderlas, y peor aún, los recursos económicos son deficitarios para financiarlas.
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