Todos los actos y todos los discursos contra la corrupción seguirán siendo inocuos mientras quienes abanderen las conductas tramposas tengan de aliados servidores públicos en las entidades de justicia y de control decididos a proteger los intereses que hacen parte del entramado de la podredumbre.
Si hay jueces hechos a la medida de los corruptos no se puede esperar la cura de semejante flagelo. La impunidad entonces se impone y anula la posibilidad de corregir los desvíos.
Y, claro está, los remiendos que se hacen no son más que maquillaje para tapar las faltas cometidas.
A lo que se está asistiendo de manera continua es a una alargada cadena de contradicciones. Al mismo tiempo que, por ejemplo, el referendo anticorrupción alcanza una amplia votación en apoyo de las propuestas contra prácticas viciadas y el Gobierno, con el Presidente de la República a la cabeza y los representantes de los diferentes partidos acuerdan convertirlas en normas legales, otros activistas se atraviesan a ese proceso hasta llevarlo casi que al fracaso.
Es cierto que el referendo no alcanzó el umbral aprobatorio, pero sí tuvo el respaldo de once millones de electores, una fuerza de opinión que no deja dudas de la voluntad colectiva de combatir todas las formas de la corrupción.
Y en eso hay que insistir. Es una prioridad nacional cerrarles los espacios a todos los carruseles que operan como máquinas depredadoras de los recursos públicos. Hay que frenar los mecanismos utilizados para el enriquecimiento ilícito. Es un negocio devastador, con el cual se restan recursos para programas destinados a la solución de problemas propios de la pobreza que agobian a tantos colombianos.
Hay que proteger los recursos de la salud, de la educación y de la seguridad. Porque no pude ser que la voracidad de unos pocos frustre el desarrollo social de la comunidad.
Es un compromiso de descontaminación para que la administración de lo público se haga con transparencia y conforme a las reglas de la decencia y la legitimidad. En esto los congresistas debieran estar a la vanguardia y no alineados del lado de los protagonistas de las turbideces con que se manejan asuntos públicos que hacer parte del patrimonio común. Los legisladores, con tan claro mandato popular, no debieran prestarse a las componendas que llevan a la descomposición. Igualmente, a los jueces les cabe la responsabilidad de obrar sin sesgo y proteger el bien común. No pueden prestarse a la estrategia de la permisividad tramposa.
Si Colombia no tranca la carrera de la corrupción pone en riesgo grave el Estado de derecho. La tormenta generada por la ilegalidad y el escalamiento de los abusos de poder agudiza el derrumbamiento institucional, con perjuicios azarosos para la democracia. Algo de tomar en cuenta con seriedad si no se quiere asistir al desmantelamiento de la estabilidad nacional con las secuelas de degradación generalizada. Y no se trata de un asunto cualquiera.