El artículo escrito por el expresidente Juan Manuel Santos en un medio español, con el cual trata de defender el acuerdo de paz impuesto al país, no es más que la continuidad de una estrategia muy bien articulada. Estrategia que se diseñó, estructuró y ejecutó durante sus dos períodos presidenciales, y la cual hoy están aplicando desde otras instancias de poder, que no considera los daños inmensos que le ocasionan a las instituciones y a la gran mayoría de los colombianos, cuando no importa qué y cómo se haga, con tal de afectar el normal curso del gobierno Duque, que eligieron 12 millones de colombianos, y conservar las relaciones mafiosas construidas entre los poderes públicos.
Usando la retórica simbólica de “la paz”, Santos alineó a medios de comunicación, a empresarios necesitados de transacciones con el Estado (tipo Odebrecht); a muchos opinadores a través de los contratos de prestación de servicios en las oficinas de paz de la Presidencia; e implantó fichas claves en la justicia para atacar a quienes consideran políticamente contrarios a los intereses camuflados en la falsa paz. Ha gobernado este año el presidente Iván Duque, cumpliendo con cambiar las prácticas de transacción entre el ejecutivo y el legislativo para la aprobación de las leyes, impartiendo instrucciones para que en el Estado se actúe con principios de austeridad y meritocracia, se acepte el resultado democrático de cualquier votación en el legislativo y se acaten las decisiones jurisprudenciales, así estas no sean favorables a las propuestas del gobernante. 
Encuentran la izquierda y el cartel de las Farc la oportunidad de aliarse con sectores nostálgicos de mermelada en el Congreso, que reclaman el incumplimiento de los acuerdos por el actual gobierno, buscando obstruir el desarrollo y la ejecución de la política pública de Iván Duque. Mediáticamente se hace constante referencia a un ejemplar proceso de paz que respaldan todas las organizaciones internacionales, mientras en el país, la realidad lo que muestra, es el incumplimiento, pero por parte de las Farc, de lo que acordaron e impusieron a los negociadores con la complacencia del expresidente Santos. Ya es hora que todas las entidades internacionales de cualquier orden hagan auditoría a los incumplimientos de las Farc, entre ellos estos: la no entrega de menores, la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, la Procuraduría y el ICBF han sostenido que solo entregaron 13 menores durante las negociaciones para aparentar su compromiso, pero luego de firmado el acuerdo no aparecieron más. Ningún desmantelamiento del narcotráfico, no existe una sola actuación de la Farc que indique estar colaborando de manera efectiva con la solución al problema, ni a la desarticulación de la cadena del narcotráfico, ni mucho menos a la erradicación de cultivos ilícitos, ni que demuestre poner fin a las relaciones con esta actividad ilegal. Al contrario, buscan total impunidad, como en el caso del narcotraficante Santrich y las áreas cultivadas están por el orden de las 200.000 hectáreas. La ridícula entrega de bienes no es más que una burla. Para la Fiscalía se tienen identificados bienes por más de 1 billón de pesos de las Farc, manejados por testaferros, información obtenida en computadores incautados y en declaraciones de guerrilleros desmovilizados ante Justicia y Paz. 
Lo más grave, el país se va enterando que son estas disidencias y los grupos armados ligados al narcotráfico y a la minería ilegal, los que asesinan a los líderes indígenas del Cauca y de otras zonas, porque no se prestan a sus pretensiones criminales. El grueso número de dirigentes comunales que son asesinados, se concentra en 45 municipios, el 4% del territorio nacional, en regiones en las cuales las mayores causas están identificadas por conflictos en la minería ilegal, por la presencia de grupos armados al margen de la ley o por conflictos en cultivos ilícitos. Eso sí, para los promotores de la estrategia desestabilizadora no existen los 22 cadetes asesinados en el atentado a la Escuela General Santander, ni los 27 muertos y 265 heridos de la fuerza pública en lo corrido del año, además nunca se pronuncian o rechazan los graves atentados a la economía, a las regiones y a la ecología, cuando dinamitan oleoductos. Tampoco explican que según la ONU, con corte del 7 de agosto de 2018, se habían producido 221 de los 281 homicidios de líderes sociales, es decir 78,6%, durante el gobierno de Juan Manuel Santos y 21,4% durante este gobierno, logrando la Fiscalía establecer en el 41,1% de los casos los responsables son particulares y no agentes del Estado como lo pretenden presentar las organizaciones de izquierda.
El expresidente Santos debería concentrarse en rendirle cuentas a la justicia por los probados sobornos de Odebrecht que terminaron financiando de manera ilegal su reelección en 2014 y como dice la periodista Salud Hernández: “debería abrir su boca, solo para pedirle perdón al pueblo colombiano”.