Tanto va el cántaro al agua que al final se rompe. Nos gusta decirlo así, sin responsables, sin nombres, como si el cántaro fuera hacia su final solo. No. El cántaro no va solo, lo llevan, lo llevamos. Una, dos, tres veces. Lo hace alguien, hasta que al final se rompe. No, mejor dicho, hasta que al final lo rompemos.
Ese refrán nos gusta porque, si somo los que cargamos el cántaro, nos esconde. Nos lava las culpas. Si nos mantenemos en el error, qué mejor que decir un dicho que no nos eche al agua y poder mirar para otro lado.
El sector de la salud en Manizales es el cántaro que vamos rompiendo. Ya le está saliendo un escándalo por semana, en un ambiente en el que se repiten y se repiten los errores, pero en el que los trabajadores del sector parecen estar empezando a romper su silencio.
Una de las denuncias recientes fue la de los títulos falsos de la directora científica del Hospital San Isidro, Sandra Liliana Hurtado Silva. Publicado en una investigación de La Patria y en una columna del médico José Ignacio Arciniegas.
Para el médico Arciniegas esto se dio por el apetito de los políticos --en este caso el lizcanismo-- por la burocracia y los contratos que ofrecen los hospitales regionales. No le falta la razón. Uno podría complementar que movidas como estas y apetitos como estos son solo posibles gracias al régimen especial de contratación de estas entidades, que facilitan los contratos directos sin límites, sin control. Digamos que sin contratos a dedo poco espacio le quedarían a las hurtados.
El Hospital Geriátrico San Isidro apenas empezó a reportar sus contratos en Secop en el año 2017. Calculen. La historia antes de ese año es la prehistoria, quizás con barbarie y todo.
En ese año registró 597 contratos, con un valor que suma 3.300 millones de pesos. En 2020, primer año del alcalde Carlos Mario Marín, se registraron 780 contratos por 8.200 millones. Estamos hablando de un incremento, en 3 años, del 131% en número y del 248% en valor.
Se destacan tres cosas. Primero, la mayoría de los contratos directos no superan ni los 6 millones de pesos y son para trabajadores contratistas. Son literalmente “los contraticos”, que deben ser muchos para que muchos sean los votos que se compren con favores laborales.
Segundo, la mayoría de esos contratos de personal ni siquiera superan los 3 meses de plazo. Fragmentan los contratos para abusar de los trabajadores, pues bajo la presión de si les renuevan o no los obligan a alinearse con las campañas.
Tercero, aparecen empresas contratistas que se repiten en otras entidades de gobierno o entidades afines al partido. En este caso, la empresa Sumhec se quedó con dos de los contratos más altos en 2020, después de no contratar con el hospital en los últimos 3 años y después de ser una de las contratistas favoritas de un fortín del lizcanismo, Hospital Santa Sofía (más de 30 contratos desde 2017).
Ahora bien, uno quisiera decir que esto es solo problema de un gobierno, de un partido, pero no. Una foto más grande nos permite mostrar que el tema es estructural, que más bien los partidos aprendieron a turnarse el cántaro.
En el año 2019, el final del gobierno de Octavio Cardona, el hospital San Isidro registró 972 contratos por casi 11.200 millones. Respecto del 2017, es un incremento del 163% en número y de 339% en valor de los contratos.
Las mismas tres cosas: la mayoría son “contraticos” para personal, de menos de 6 millones de pesos; la mayoría no pasan los 3 meses de plazo; y aparecen las empresas contratistas afines que se repiten. Sobre esto, en el 2019 se destacaron dos contratos de suministro de alimentación, que sumaron más 1.400 millones en el Secop. Se hicieron con la fundación Impacto Recreación, una de las contratistas favoritas en la hecatombe del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales.
El alcalde Marín no tiene excusa para seguir con este modelo en pie. Ni siquiera tiene excusa para decir que no sabía que existía de tiempo atrás. ¿Y las entidades de control? Viendo el cántaro pasar.
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