El secreto se la pone fácil a los corruptos. Por eso uno de los desafíos en la lucha contra la corrupción es que los gobiernos sean más transparentes y muestren la información que usan y que producen al tomar de cisiones. Mucho más ahora que la virtualidad nos está mostrando, por fin, que es más prioritaria la información que se publica para Internet que los discursos que se dan para auditorios de gente que aplaude.
Pero uno de los desafíos para que nuestros gobiernos muestren su información, es que todavía nos faltan más dolientes en las entidades de control. Sin las entidades de control la lucha está incompleta.  Los gobiernos de Caldas están cumpliendo con ponerse mejores retos. La Gobernación de Caldas acaba de consolidarse como la segunda mejor en el índice FURAG de 2019, que mide el Departamento Administrativo de la Función Pública. Por su parte, la Alcaldía de Manizales acaba de incorporar este indicador en el Plan de Desarrollo, después de años de negarse a medir su transparencia con seriedad. Este índice mide cómo estamos en información en páginas web y en bases de datos, en gestión de los derechos de petición de información, en participación y en atención a las denuncias de la gente.
Sin embargo, vemos que las entidades de control parecen asumir que el acceso a la información no es prioritario en la lucha contra la corrupción, o que tiene poco impacto y genera pocos titulares, o que son temas que no tienen que ver con ellas.
De un lado, la Procuraduría General sigue sin entender muy bien cuál fue el rol de control que le entregó la ley en el acceso a la información pública. Un ejemplo es que hoy no ha puesto límites ni deberes para las redes sociales de las entidades y las cuentas privadas de los funcionarios. Se controla poco mientras estas redes públicas y privadas van desbocadas en nombre de una visión tergiversada de transparencia. En Manizales y Caldas, nada se ha querido decir sobre cómo evitar el proselitismo y exigir la austeridad de las entidades en web, o cómo garantizar que las estrategias de marketing digital nunca estén por encima del derecho constitucional de la gente a informarse.
De otro lado, las contralorías de Caldas y de Manizales parecen creer que la divulgación de la información contractual no es parte del control que hacen. La Contraloría de Caldas mantuvo la impunidad en el caso del Hospital San Marcos de Chinchiná, el cual dejó de subir datos al SECOP durante las elecciones, las mismas en la que su exdirectora hacía de candidata. Hoy, esa excandidata fue premiada por la Gobernación con la dirección del hospital en Riosucio y el excontralor ya va pidiendo pista para otros cargos. El control fiscal nunca dijo nada sobre ese ocultamiento de información a la ciudadanía.
Por su parte, la Contraloría de Manizales auditó el contrato de compra de ayudas humanitarias de la Alcaldía de Manizales. El informe de la Lupa a la Contratación de la La Patria y la Corporación Cívica de Caldas había advertido sobre deficiencias en la transparencia de información, porque ni en la página ni en el SECOP se publicaba información sobre las cotizaciones que le dieron valor al contrato, ni sobre los precios unitarios a los que se compraba, ni sobre las facturas de compra. La contraloría dijo que todo estaba bien, solo porque era lógico que el contrato tuviera valores indeterminados debido a las fluctuaciones de los precios. Pero nunca pudo ver cuál era el tema de discusión: que sí existieron cotizaciones con precios concretos, que sí se estaban comprando con precios precisos, y que la ciudadanía no tenía cómo acceder a esos documentos. De nuevo, poca relevancia a la transparencia en el control.
Al final la Alcaldía corrigió y ya tenemos acceso a esa información de los precios de compra. Pero fue por el diálogo que tuvo con la ciudadanía que se quejó y no por el seguimiento de las entidades de control. Una muestra de que, por ahora, la transparencia parece con más dolientes en la gente que en los despachos.