En este país caníbal el poder nos come vivos. Los gobernantes y algunos ciudadanos renuncian a ser parte de los iguales, como si les fuera lícito. Se convencen de que están por encima, confunden su palabra con la ley y sus abusos con la autoridad. Son los patrones abusadores que pueden tomar lo que les venga en gana. En este país caníbal el poder se queda con lo que haría posible los sueños y lo que haría real la dignidad, a pedacitos se va quedando con los derechos, de a poco. En este país caníbal, la corrupción dicta lo que está bien y deja la vida bajo asedio.
En una columna anterior tuvimos la oportunidad de reseñar las causas de ese país caníbal, todo aquello que lo hace posible. Lo hicimos a partir de la investigación “Sobre la corrupción en Colombia: marco conceptual, diagnóstico y propuesta política”, de Vivian Newman Pont y María Paula Ángel Arango, la cual fue realizada para Fedesarrollo. En esa ocasión vimos que existen 4 causas culturales de la corrupción: la debilidad institucional, el clientelismo, el narcotráfico, la cultura del incumplimiento de normas. También hay 4 causas institucionales: los monopolios que persisten en la administración del Estado, la discrecionalidad de los funcionarios, la falta de control social y la falta de sanción.
Para salir de este país son necesarias las soluciones, al menos las vías para cortarle el paso a los caníbales. Newman y Ángel recogen algunas ideas que, de llegar a investigarse en el futuro, pueden ofrecer algunas pistas. Desde lo cultural, hablan de profundizar la cultura de la legalidad. Ya no se hablaría de ella en un contexto urbanístico o de seguridad ciudadana, sino al interior de la administración pública y de la inversión de los recursos del Estado. 
Abriría la posibilidad de encontrar formas para que los gobernantes reconozcan el valor de las normas de transparencia, más allá de la retórica y a partir de identificar las pérdidas sociales y económicas que generan los abusos de la corrupción. También que los ciudadanos y trabajadores oficiales, especialmente los que suelen justificarla, aprovecharla o disimularla, encuentren valor en la transparencia después de reconocer que la venta de su voto, la entrega de una comisión ilegal para quedarse con un contrato o el descuento de su salario para endosarle una parte al patrón político tienen un beneficio marginal que termina siendo pérdida a largo plazo, sobre todo pérdida en autonomía, en tranquilidad, en posibilidades de superación laboral y empresarial.
Frente a lo institucional, Newman y Ángel hablan de evaluar la implementación de las estrategias de lucha contra la corrupción, para detectar ineficacias y nuevas salidas. También proponen la revisión de un estudio sectorial donde se identifiquen riesgos en cada uno de los sectores del Estado. Igualmente ven necesaria una revisión normativa que depure excesos, ineficiencias y contradicciones. Al final hablan de revisar la estructura, composición y eficacia de las entidades de control, especialmente las territoriales, con el fin de que ganen independencia del entorno político y ganen recursos en su capacidad de investigación.
Al final, parecen no ponerle mucho énfasis a la necesidad de promover escenarios que eviten, más allá del cumplimiento legal, la discrecionalidad de los funcionarios y el monopolio dentro de las funciones estatales. Se trata, por ejemplo, de evitar el abuso de la contratación directa y de las licitaciones y selecciones abreviadas de un solo proponente. Si bien son situaciones aceptadas y previstas en la ley, las entidades de control y la ciudadanía deben encontrar la forma de volver a exigir que sean excepcionales. La contratación directa alimenta la discrecionalidad del gobernante y le devuelve el poder de usar los contratos como favorecimiento, como sectarismo, como enriquecimiento para sí o para sus amigos. Las licitaciones de uno abren la puerta para que el mercado que abre cada entidad, cuando demanda un servicio o bien, se convierta en un monopolio.
Se debe exigir la revisión de los contratos directos que tengan una misma naturaleza, con el fin de determinar si se pueden englobar bajo una sola licitación. Evitar que se fragmente una contratación en varios contratos pequeños y que los valores reducidos permitan contratar de manera directa. Por el otro lado, hay que exigir que una licitación con un proponente solo sea justificable después de constatar que el estudio de mercado y la convocatoria a proponentes fue completa, adecuada y transparente.
Hay salidas.