Curarnos de los contratos directos en el Estado será siempre una de las apuestas más ambiciosas en la lucha contra la corrupción. Ahora bien, esta ambición de reducirlos no puede perder de vista una doble cara del tiempo: el “tiempo necesario”, para estudiar el problema y poner soluciones en marcha; pero también el “tiempo que apura”, para no ir a paralizar una gestión pública acostumbrada a los contratos directos.

Según Fedesarrollo en 2018, a pesar de que la contratación directa debería ser una excepción, el 54% de las entidades de todo el país ya tenía contratos directos entre el 60% y el 100% de todas sus compras públicas --en Manizales y Caldas hemos oscilado entre el 60% y el 80%--. Según Colombia Compra Eficiente y el Banco Mundial, primero, la legislación llama contratación directa a contratos que no deberían serlo; segundo, las entidades aprovechan la contratación sin competencia con la excusa de la dificultad de los procesos competitivos.

Frente a la idea de reducir la contratación directa, el gobernador de Caldas mostró su voluntad desde que en campaña se puso una meta: que bajaría un 20% los contratos directos. A pesar de que no se ha avanzado en el tema en otros años, al interior ya cuenta con algún diagnóstico y formación bajo el liderazgo de la Oficina de Gobierno Abierto que se creó en el periodo anterior. Estos avances, además de una meta racional que tiene en mente, deberían poner a su favor el “tiempo necesario” y “el tiempo que apura” para ir dando frutos en disminución sin afectar la marcha de la cosas.

También el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, ha dicho que preferirá los contratos que salgan de varios oferentes y de selección objetiva. Frente al tiempo, el alcalde parece contar con menos recursos a favor, sobre todo porque recibió del gobierno de Octavio Cardona una cultura contractual que admitía contratos directos altísimos para negocios que podían ponerse a competir, una cultura que no concebía ninguna revisión o discución para mejorar, y en su lugar prefería justificarse y acusar persecuciones. Hoy el alcalde arranca con menos diagnósticos, menos ideas, menos funcionarios con la preparación para asumir medidas. Por eso tiene un reto más alto para equilibrar el “tiempo necesario” para disminuir lo directo y el “tiempo que apura” para ejecutar.

Lo cierto es que, de un lado, quienes queremos todo el “tiempo necesario” para resolver de raíz el exceso de contratos directos, tendremos que entender que corremos el riesgo de ver afectada una ejecución de recursos que es vital para la gente. Una ejecución que, además, se cumple dentro de una larga cultura contractual que no admite fácil los cambios de un día para otro. Sin embargo, sí podemos esperar que, para ir avanzando, se identifiquen sectores, tipos de contratos, que se aclaren cuáles son convenios y cuáles no, para al final buscar oportunidades de pluralidad y licitación. Que, al menos, se vayan dando unas metas anuales y parciales de disminución responsable, pensando en que cada año de inversión podrá contar con un “tiempo necesario” para pensar cómo tener menos contratos directos cada vez, hasta que lleguemos a un nivel aceptable, de verdaderas excepciones.

Del otro lado, quienes alertan el “tiempo que apura”, para dar prisa con el gasto de recursos y con las metas de gobierno, tendrán que entender que el reto de combatir la contratación directa no es menor ni es fácil, pero sí urgente. Porque es una discreción que terminó excedida, normalizada y hasta admirada; porque todavía es la vía en la que políticos y ciudadanos se devuelven favores privados con costos públicos; porque es un ataque al mercado con el que ponen barreras de entrada a nuevas empresas, crean monopolios a su arbitrio y creen ahorrar costos de transacción, siempre bajo el riesgo de los altos precios y la mala calidad en lo público. Quienes apuran deberían cumplir un papel ético que sirva de equilibrio entre la lucha por disminuir los contratos directos y una correcto gasto público; no ir a cumplir un papel mezquino en el que cualquier "tiempo necesario" para evitar contratos directos se muestre como ineptitud o ineficacia.

Que los contratos directos no sean un Coco innombrable, pero tampoco la excusa para hacernos los bobos con la enfermedad. Como toda cura, como todo tratamiento, su disminución necesita tiempos: el que apura, pero también el necesario.