Después de salir de una UCI por los efectos de la Covid-19, el primer ministro inglés, Boris Johnson, reconoció que Inglaterra avanzaba contra el virus gracias a que el pueblo había logrado formar un “escudo humano” para proteger el servicio de salud como el mayor activo del país.
 Mientras tanto, el gobierno de Colombia ha vivido la polémica por haber sacado un decreto que obligaba a los profesionales de la salud a ponerse en la primera línea de atención del virus. Esto sin planear siquiera una estrategia que garantizara los recursos mínimos de protección y atención.
 Por estos días en Caldas hay dos casos que dejan preguntas sobre cómo una parte de la política regional trabaja en la salud de la crisis. ¿Construyen instituciones que protegen el sistema de salud? ¿O construyen una salud para proteger otros intereses? Y no es la política de las grandes deudas con el sistema, esa sería otra columna. Se trata de la política local del día a día de la salud, con sus clientelismos y secretismos siempre al acecho.
 El caso del Hospital San Marcos de Chinchiná. Los empleados tuvieron que acudir a una tutela para que la entidad y la ARL les brindaran los insumos de protección, los pagos de sus salarios adeudados y los pagos de sus aportes a seguridad social. El viernes pasado, un juzgado Chinchiná amparó sus derechos y obligó a cumplir al hospital, a la ARL y a la Alcaldía.
 Desde el 2019, la Corporación Cívica de Caldas denunció la falta de transparencia de los contratos de ese hospital, pues se publicaban sin los documentos de soporte. Un secretismo que no permitía saber cómo ni en qué se estaban gastando los recursos. La exgerente del hospital, Sandra Lucía Díaz Tejada, era en ese momento candidata a la alcaldía de Chinchiná por el partido Conservador y un sector del partido La U, y existía el temor de que los recursos del hospital terminaran en esa campaña o en otra. En febrero, el nuevo alcalde, que venció a Díaz Tejada, todavía se quejaba de no poder hacer un buen empalme con el hospital porque, según dijo, le habían dado información incompleta. Nunca se pudo romper el secreto: por el poco acceso público a los contratos y por la falta de investigación de las entidades de control.
 El caso del Hospital San Félix de La Dorada. El 13 de abril, mientras este municipio se convertía en un foco de contagio de alta gravedad en el país, el gerente del hospital, Diego Luis Arango Nieto, tío del exsenador por La U Mauricio Lizcano Arango, resolvió sacar a vacaciones al empleado de carrera Antonio María Gómez Betancur. Este es hermano del representante a la Cámara Luis Fernando Gómez “Chano”, del Centro Democrático, aunque lleva 30 años en la entidad a la cabeza de temas administrativos.
 El ruido en la administración del hospital, generó dudas innecesarias sobre la imparcialidad en la gestión de contratos y puestos de trabajo. El gerente Arango dice que tomó esa decisión porque el empleado está en mayor riesgo por tener 61 años y tener aflicciones recientes de otras enfermedades; no optó por facilitar el telebrajo, tampoco explicó el criterio de edad para obligar a las vacaciones - un criterio en el que él mismo como gerente quizás debía salir a descanso porque, aún sin saber que otras condiciones de salud tiene, igual supera los 60 años-. 
 Por otra parte, el sindicato de la entidad apoyó a Gómez Betancur y advirtió que cumple con un cargo indispensable para el hospital, debido a larga experiencia que tiene allí. Lo cierto es que este empleado tuvo la suerte de contar con el director territorial del Ministerio del Trabajo --nombrado por el Gobierno Nacional-- quien ya ha lanzado advertencias al hospital por sus derechos laborales con una diligencia que envidirían otros trabajadores del departamento.
 Con la misma urgencia, tienen que desaparecer la falta de transparencia y las sombras clientelares. Hacerlo es garantizar un escudo para la salud. No hacerlo es construirnos una salud como escudo para otras cosas.