La elecciones son un punto de quiebre de cualquier lucha ciudadana contra la corrupción. Es un momento que genera oportunidades irrepetibles para cuidar lo público y promover el bien común. Y no es tanto por instituciones como el voto o como la transparencia electoral, que todavía fallan al cerrarle el paso a los corruptos, es más porque las elecciones traen las excusas precisas para contraponer la democracia a los abusos de poder.
Las elecciones hacen posible la lucha democrática contra la corrupción por dos vías: Primero, logran una mayor circulación de los discursos públicos y privados sobre la corrupción, incluso de aquellos exagerados o secretos; así se dan más conversaciones sobre abusos que nos permiten encontrarnos como parte del mismo pueblo, de la misma comunidad. Segundo, se abren más espacios para que la ciudadanía se ponga en movimiento. El éxito de la anticorrupción de las elecciones está en que ambas vías se mantengan en pie hasta el final, y que algún candidato o algún partido represente nuestros reclamos pero sin limitarlos o usurparlos para su beneficio. Vamos a explicarlo.
En el primer caso, en elecciones hay mayor circulación de nuestras conversaciones públicas y privadas sobre la corrupción. Es tanto, que es necesario resaltar cómo durante el periodo electoral se dan las amenazas más difíciles contra la libertad de expresión y contra el control social que hacen los ciudadanos. Los partidos y políticos de siempre, así como sus aliados privados, temen que se les haga rendir cuentas, especialmente en temas de corrupción. Los partidos y políticos nuevos temen que se les toque su buen nombre y su pasado menos público, sobre todo cuando creen que basta con la reputación para llegar al poder.
Entonces vienen las amenazas y la estigmatización contra líderes sociales y periodistas, vienen las presiones y los debates dentro de los medios de comunicación, viene la deslegitimación o la cooptación del control social de los veedores. Todo para que no conversemos las experiencias que tenemos en común y que nos hacen parte de la misma indignación. En elecciones, una democracia anticorrupción es impedir que los candidatos censuren estas conversaciones.
En el segundo caso, las elecciones abren más espacios para que la ciudadanía se ponga en movimiento. No se trata de que se reemplacen las instituciones electorales con la movilización, pero sí se trata de no dejarle todo a instituciones que por sí solas no le cierran las puertas a la corrupción. Entre muchas, existe un tipo de movilización anticorrupción en elecciones: exigirle al candidato y al partido con el que nos identificamos.
Exigirle al candidato propio hace parte de un escepticismo sano de la democracia representativa, es reconocer que la entrega de nuestro voto no es suficiente, que la representación es falible y solo se perfecciona con más movimiento democrático.
¿Cómo exigirle al candidato propio? (1) Exigirle incluir propuestas anticorrupción, pero no compromisos vacíos, ni pactos éticos, sino políticas públicas y transformaciones normativas que pongan al municipio y al departamento en los estándares más exigente de transparencia a nivel nacional e internacional. (2) Exigirle que nos cuente quiénes son los financiadores de su campaña y cómo piensa cumplir con las reglas de publicidad electoral, y al tiempo estar revisando si nos dice la verdad; con mayor razón si está recogiendo firmas o si participa en una encuesta previa, pues allí las instituciones son más débiles y poco claras. (3) Obligarlo a contarnos en detalle sobre las alianzas que hace con otros partidos o movimientos, que en política no son malas en sí mismas pero que son la puerta para que las devoluciones de favores echen por la borda la anticorrupción. (4) Recordarle que la movilización anticorrupción es más grande que su candidatura, que hay que salir a sumar otros que quieren lo mismo, que los afanes personales de poder también son un riesgo; cuando la lucha contra la corrupción es más movimiento que proselitismo, el medio para conseguir el fin no es precisamente el nombre del candidato.
Para exigirles a nuestros candidatos no hay más reglas que el principio democrático en el que los ciudadanos tenemos el poder. El día en el que ya no tengamos cómo exigirle al candidato, por los favores recibidos, por miedo, por conveniencia, es porque ya habremos hipotecado nuestro lugar en la democracia y no seremos más que apéndices de lo ya instituido, de lo inamovible, de lo que se resiste a cambiar.