Algo está pasando en el sector de salud en Caldas. En medio de la pandemia, a solo seis meses de los nuevos gobiernos, ha salido ya un secretario de Salud de Manizales y, ahora, la directora de la Territorial de Salud (DTSC). A ellos debemos creerles las razones personales que han invocado para retirarse, por supuesto. Sin embargo, la situación sí deja preguntas sobre lo que está ocurriendo en ese sector y en esas entidades.
Algo tuvo que estar pasando en la DTSC de la exdirectora Jimena Aristizábal, más allá de que ella no las tome como razones de su renuncia. Desde hace rato, esta entidad presenta situaciones que la hacen vulnerable a la corrupción y al clientelismo. Esto hace que su dirección se enrede entre intereses y presiones, más en una emergencia que amplifica lo bueno pero también lo malo. La experiencia nos dice que cuando una entidad presenta situaciones así, con las puertas abiertas de par en par para la corrupción, son más abusivas las demandas y expectativas que sobre ella imponen ciertos sectores de los partidos y algunos contratistas y financiadores de campaña. De ahí que sea común el rumor de la presión de tal congresista o tal excongresista dentro de la entidad.
El año pasado, la Lupa a la Contratación de la Corporación Cívica de Caldas y La Patria presentó un informe sobre la situación contractual de la DTSC. Mostró que en 2017 y 2018, sin pandemia, sin urgencia manifiesta, esta entidad había firmado el 93% de sus contratos de manera directa. Cerca de 37 mil millones de pesos entregados a la sola discreción del funcionario contratante durante los dos años. Más del 80% de esos contratos directos se fueron en prestación de servicios, es decir, en contratación de personal y de apoyo a la gestión. Se calculó más o menos la vinculación de 250 a 300 personas contratistas, suma mayor, por mucho, que las de planta.
El gobernador y su equipo tuvieron clara esta realidad desde el empalme. En ese momento la DTSC habló de condiciones de sistema y de ley que facilitan la contratación directa y que impiden fortalecer la planta o planear a largo plazo otro tipo de contratos. Aún así, algunos insistimos en que se necesitaba solución: pensar en ampliar la planta de personal, buscar mejor planeación del gasto y definir criterios objetivos y no manipulables para la contratación de personal por contrato directo.
Pero poco cambió. En lo que va de 2020 se celebraron 544 contratos en la DTSC, según el portal de datos abiertos de Colombia Compra Eficiente. De esos, solo 12 de mínima cuantía y 1 de selección abreviada. Aparecen 471 contratos directos de prestación de servicios, en solo 6 meses. Sin contar otros contratos directos, serían el 86% de los contratos, 7 mil 220 millones en apoyo de contratistas en una contratación total que llega a los 10 mil 725 millones.
Ni reconociendo que estamos en una emergencia nos da para explicarlo. Según la divulgación de urgencia manifiesta que ha hecho la Gobernación de Caldas en su página web, la DTSC ha celebrado solo 42 contratos para la emergencia. Además, al 16 de marzo, antes de la contingencia, llevaba ya 271 contratos según lo datos abiertos. De estos, 257 eran directos de prestación de servicios. En palabras más crudas, 257 personas contratadas a discreción, aún sin pandemia.
Los buenos resultados de la DTSC en la atención de la pandemia no se discuten, pero me temo que la urgencia manifiesta está elevando aún más el riesgo de corrupción en una entidad que sigue sin transformarse y que debe ahora comprar hasta respiradores por contrato directo. De allí que algo esté pasando en lo que vivió la exdirectora, por presión o por decisión propia. Mientras tanto seguirá ahí una bolsa de contratos apetecida para quienes quieran cooptar esos recursos y financiar intereses privados o futuras campañas; también para quienes quieran usar esos contratos de personal para pagar o presionar favores dentro de sus maquinarias. Y todo al alcance de un favor del funcionario que contrate o de una presión que no le deje de otra.