Empecemos por reiterar que el proyecto para construir la Central Hidroeléctrica Miel II a filo de agua es una obra pertinente en la medida que contribuye a la seguridad energética de Caldas y el país. Se estima que su inversión es de 250 millones de dólares. La información técnica, la historia, los estudios realizados, etc. los pueden encontrar en la página: https://promotoraenergeticacentro.com/el_proyecto/.
Lo que hoy queremos compartir con ustedes es un ejemplo más de como quienes han manejado el departamento en la última década se venden como los adalides de la política, pero sus actuaciones están copadas de faltas gravísimas dolosas que afectan el erario público. Esta denuncia puesta en los entes de control empieza en el 2018 cuando se decide acelerar el proyecto Miel II al realizar 3 contratos por más de mil millones de pesos con las firmas Bonus CGI (contrato 001-2018), Posse Herrera Ruiz (contrato 012-2018) y General de inversiones S.A.S-CGI (contrato 029-2020). Estas asesorías abarcaban temas como estructuración financiera del proyecto hidroeléctrico, prestación de servicios profesionales en lo relacionado a la selección de una banca de inversión necesaria para culminar el proyecto, preparación de memorando de subasta de cargo de confiabilidad convocado por la comisión de regulación de energía y gas, y asesoría en el proceso de selección para la vinculación de un aliado estratégico.
Los resultados de dichas asesorías los pudimos obtener después de un proceso complejo en el que InfiCaldas evadió nuestros cuestionamientos en los debates en la Asamblea Departamental y que posteriormente se rehusó a darnos la información solicitada vía derecho de petición. Esto nos obligó a recurrir al recurso de insistencia, y que el Tribunal Administrativo de Caldas nos dio la razón al obligar al gerente a enviarnos las actas que habíamos pedido de la junta directiva. ¿Que nos hizo profundizar en las investigaciones? Las denuncias recibidas durante el 2018-2019, el proceder de Infi Caldas y especialmente un oficio enviado el 2 de enero de 2019 por un diputado de gobierno, el señor Mauricio Londoño Jaramillo, donde le expone al presidente de la junta directiva de InfiCaldas, es decir al Gobernador Guido Echeverri, su preocupación por los tres contratos firmados, y advierte de los dineros que el Departamento a través de la promotora debería colocar como garantía dentro de la subasta y que el incumplimiento podrían causarle un detrimento patrimonial al Departamento.
En los informes de las empresas asesoras contratadas advierten “En ningún caso recomienda que la empresa acuda sola a una subasta, a menos que pudiera contar con la capacidad financiera para conseguir los recursos para el capital y logre vender la energía a los precios del modelo”. Adicionalmente el informe concluye: “Esquema de negocio no atractivo para el inversionista: “Riesgo alto”, como quedó consignado en el acta No. 18 del 19 de diciembre de 2018.
La soberbia, terquedad, estupidez o simplemente el interés politiquero de mantener una estructura burocrática para continuar ganando elecciones, los llevó a desconocer las advertencias de expertos a los que les habían pagado millonarios contratos. Esto ha generado la pérdida de 4 mil millones de pesos que fue la garantía que se puso para entrar en la subasta de energía y que ya se sabía que no se podía cumplir. La resolución 013 de 2021 de la Comisión de Regulación de Energía y Gas concluye “El Proyecto Miel II está ante un incumplimiento grave e insalvable, para la puesta en operación 1 de diciembre de 2022”
Este detrimento patrimonial consiste fundamentalmente en una lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos públicos por una mala gestión fiscal y que involucra a los dos gobernadores de Mauricio Lizcano: Guido Echeverri y Luis Carlos Velásquez. Si esto pasa en uno de los proyectos más importantes del Departamento, entonces ¿Aerocafé cómo va?