El Gobierno nacional y el Comité Nacional de Aseguramiento en Salud de la ANDI, integrado por las EPS y empresas de medicina prepagada más poderosas del país, avanzan en el proyecto de reglamentar la compra y comercialización de vacunas covid-19 por parte de compañías privadas.

El papel del sector privado en la comercialización de vacunas se viene discutiendo en la Organización Mundial de la Salud desde años atrás, cuando se cuestionó que las campañas de inmunización son una estrategia exclusiva de la salud pública. El tema adquirió vigencia internacional con la pandemia y en países tan diversos como Estados Unidos, Filipinas, Inglaterra o India, el debate ha incluido posiciones antagónicas.

Para los empresarios, su objetivo es apoyar los esfuerzos del presidente Duque, proteger a sus empleados y contribuir a la reactivación de la economía. El asunto es más complejo, pues en el fondo se trata de armonizar los intereses de la salud pública con el de los negocios privados.

Desde la salud pública, la vacunación, si bien cumple el papel de proteger a las personas, busca específicamente lograr la inmunización colectiva de la población para así controlar la transmisión del virus y disminuir su letalidad. La vacunación es la alternativa al simple dejar que los infectados y los fallecidos sean tantos que finalmente se logre la hoy conocida “inmunidad del rebaño”.

El interés de las grandes EPS es comprar directamente a las trasnacionales farmacéuticas las vacunas para comercializarlas, en primer lugar, con las empresas privadas en condiciones de pagar por la vacunación de sus trabajadores y en algunos casos también de sus familias, para luego venderlas a negocios como las cadenas de droguerías que las apliquen a quien pueda pagarlas.

El Plan Nacional de Vacunación está diseñado con base en los principios de salud pública de vacunar con prioridad a los grupos poblaciones de mayor vulnerabilidad. Tan importante ese ese objetivo, que la gratuidad de la vacuna en el momento de la aplicación es un criterio universal. Si se vacunara tan solo a los adultos mayores que pudieran pagar, el virus haría de las suyas y los muertos serían muchos más.

Y aquí es donde emergen otros puntos problemáticos relacionados con el plan nacional y su implementación: no hay certeza de recibir a tiempo las dosis suficientes para vacunar los más de 35 millones de colombianos que el gobierno tiene como meta para este año 2021. El ritmo de vacunación es lento, con un promedio de 30.000 vacunas por día y hace apenas pocos días se llegó al millón de personas vacunadas con la primera dosis. Sólo se ha aplicado el 39% de las vacunas que han llegado al país. En otras palabras, el cumplimiento del plan de vacunación va retrasado y si bien las empresas privadas comprarían hasta 15 millones de dosis según lo afirmado por la ANDI, los vacunados no corresponderían necesariamente a los grupos vulnerables priorizados en el plan.

Es válido además preguntarse, si las EPS que están intermediando el Plan Nacional no tendrían un conflicto de interés al intermediar también la vacunación por parte de los privados.

Con razón, Wendy Parmet, una experta norteamericana señala: “Incuestionablemente el sector privado tiene un papel que jugar en la salud pública …Pero confiar en la empresa privada para proteger la salud de la población es un puro disparate”.