Hasta hace 134 años Colombia fue un Estado Federal, época para la cual estuvo regida por la constitución de 1863, llamada también Constitución de Rionegro, ciudad del Departamento de Antioquia, donde se halla la bella y emblemática “Casa de la Convención”. Antes se habían destacado, al inicio de nuestra república, las constituciones federales de Socorro (1810) y la de Cundinamarca (1811). Hace exactamente 10 años, en esta misma tribuna y espacio, refería esbozadamente sobre el punto, cuando hacía alusión a los 200 años de constitucionalismo nuestro (1810-2010).
En aquella constitución de 1863, ante la necesidad de un ideario común, de protección y ayuda mutua, se dijo que se organizaba una “Nación soberana, libre e independiente”, donde los Estados de “Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima… se unen y ‘confederan’ a ‘perpetuidad’ consultando su seguridad exterior y recíproco auxilio… bajo el nombre de Estados Unidos de Colombia”, indicaba el artículo 1°. Así se quiso emular a los Estados Unidos de Norteamérica, país que adoptó su constitución federal en el año de 1787, aún vigente. En aquella constitución no se mencionó, como tampoco la hizo la norteamericana, la expresión ‘federación’, sino confederación, vocablo aquel que era desconocido para la época y que vino a acuñarse tiempo después con la constitución alemana. La federación es un modelo político que se ubica entre el Estado confederado y el Estado unitario. La perpetuidad concebida entonces, solo tuvo alcance hasta 1886, cuando la constitución centralista de este año la abolió (art. 210).
Como dato histórico, la delimitación territorial de la novel nación federada los fijaba el artículo 3: “Los límites del territorio de los Estados Unidos de Colombia son los mismos que en el año de 1810, dividían el territorio del Virreinato de Nueva Granada del de las Capitanías generales de Venezuela y, Guatemala, y del de las posesiones portuguesas del Brasil: por la parte meridional son, provisionalmente, los designados en el Tratado celebrado con el Gobierno del Ecuador el 9 de julio de 1856, y los demás que la separan hoy de aquella República y de la del Perú”.
El 20 de julio último, cuando dejaba su cargo como presidente del Congreso de la República, el senador Lidio García propuso a Colombia como “Estado federal”, a lo cual se había hecho referencia en esta columna con algunos días de anticipación.
Sabemos y sufrimos las crisis institucional y de valores por los que ha atravesado y atraviesa nuestro país; duelen los niveles de corrupción y los problemas políticos, económicos y sociales que nos agobian; y la pregunta que surge es, si la mutación hacia un Estado federal sería la panacea para salir de ellos. Es claro que ningún país, cualquiera sea la forma de Estado que adopte, está libre de padecer alguna o varias de esas complicadísimas situaciones.
Alemania, Austría, Rusia, Bélgica, y cerca de nosotros, Brasil, Venezuela, Argentina, México, el mismo Estados Unidos, son también países que tienen modelo de Estado federal, y se da por conocido los problemas de diversa índole que también padecen, algunos con situaciones más difíciles que en nuestro Estado unitario. España está conformada por comunidades autónomas, con sus regímenes autonómicos, pero que funciona con un sistema marcadamente descentralizado, y la ‘confederación’ Helvética se desarrolla como federación.
En próximas entregas haré un paralelo entre ambas formas de Estado, unitario y federado, y ya los amables lectores sabrán inclinarse por una u otra.
Lo cierto de todo es que desde 1886 tenemos un Estado unitario que ha marchado del centralismo a ultranza, hacia modelos de desconcentración y de descentralización, esta última especialmente materializada con la Constitución de 1991, cambios que, a mi modo de ver, no han dado lugar a las soluciones que el país ambiciona; por el contrario, el panorama parece mostrar que cada vez se agravan nuestras dificultades, incluido el anhelo de la paz.