El Estado, además de las leyes, actúa fundamentalmente a través de actos y contratos, éstos, a diferencia de los realizados por particulares, son de índole o naturaleza administrativa. Con dichas leyes y actos se impone, de manera unilateral la voluntad del Estado para poder ejercer su poder y administrar el territorio. También la nación desarrolla su gestión por medio de contratos, donde ya hay un acuerdo de voluntades entre la entidad contratante y el contratista, que normalmente es un particular, y dan lugar a un intercambio de prestaciones.
En materia de vías públicas, con el fin de aprovechar el capital privado y la eficiencia en la administración de la obra, el Estado suele celebrar “contratos de concesión” (artículo 32 ordinal 4º Ley 80/93), con los cuales autoriza a los contratistas (concesionarios), la construcción y mantenimiento de la obra (también puede ser para la explotación o prestación de un servicio público), por cuenta y riesgo de concesionario y a cambio de una remuneración, que puede ser producto de peajes, y de esta manera recuperar el monto de lo invertido y obtener el correspondiente beneficio o utilidad. Las carreteras del Estado son bienes de uso público, por lo mismo, los usuarios están en todo el derecho de exigir que las mismas se hallen en condiciones óptimas para el tránsito con seguridad.
La opinión pública generalmente desconoce el valor de las obras públicas debido a la escasa o nula difusión que sobre ello se hace, y por lo mismo, cuál es el producido por peajes sobre una vía y tiempo determinados, los que no han sido ajenos a polémicas o movimientos sociales. Recuérdese aquí la instalación de las casetas para su cobro en la ruta antigua Manizales- Chinchiná, y otra en la autovía Manizales-Neira, las que generaron graves problemas de orden público; la primera fue abolida a raíz del movimiento popular, mientras que frente a la segunda se transigió por el cobro de la tarifa (tasa) en un solo sentido. Recientemente fue incendiada la última y destruidas las casetas de Irra y Tarapacá 2, lo que no ha debido ocurrir; su desaparición, si era lo que se buscaba, ha debido serlo por medios civilizados como lo son las peticiones o el diálogo.
Los peajes normalmente cumplen con la finalidad para los que son establecidos, otros dejan en verdad mucho qué desear, pero no se puede discutir el beneficio que de los mismos se deriva. Hace algunos años proponía en este mismo espacio que lo más sensato sería pagar el peaje por la distancia recorrida, tal como ocurre en muchos países, pues resulta cuando menos injusto e inequitativo para muchos, su pago por pequeñas distancias. En este orden se cuestiona la proximidad de dos peajes entre las capitales de Caldas y Risaralda sobre la autopista del café, así como también el acceso a La Manuela o Santágueda que se encuentran sitiados por casteas, cuando debería existir una solo mucho después de Tres Puertas, lo que podría incentivar aún más el turismo hacia aquellas zonas.
A propósito de Tres Puertas, la Nación está dejando, por concesión (Pacífico 3), una excelente vía nacional hacia Medellín, pero el desvío hacia Santágueda (carretera departamental) se convierte en una verdadera odisea, pues en la actualidad constituye también un verdadero riesgo transitar por allí; por ello, las autoridades departamentales deben prestar atención a la misma, habida consideración que podría generar eventuales responsabilidades por accidentes que pudieran ocurrir debido a su deterioro, cuyos baches, varios de importantes dimensiones, carecen además de avisos preventivos. El saliente secretario de Infraestructura de Caldas Dr. Luis Albero Giraldo, dio a conocer los importantes dineros conque cuenta el Departamento para emprender la ampliación de la vía en mención (más de 14.000 millones), que ojalá se ejecuten pronto, pues ese proyecto viene desde años atrás, pudiéndose dar así una vía acorde con lo que puede significar para su desarrollo, junto con Aeropalestina, el único lugar turístico próximo a Manizales y la región.
Y también es de agregar: en tiempos pretéritos el municipio de Palestina percibía por impuesto predial causado en la vereda Santágueda no muchos recursos, puesto que solo había unas pocas fichas catastrales que identificaban importantes extensiones de tierra. Varias de esas fincas se han parcelado y se siguen dividiendo, multiplicándose superlativamente el número de predios individuales con sus respectivas construcciones y matrículas inmobiliarias que, con las previamente existentes, le generan muchos más ingresos a la municipalidad; sin embargo, el retorno en servicios a los habitantes es prácticamente ninguno, pues no existe siquiera un puesto de salud, los acueductos han sido implementados por particulares, no hay servicio de alcantarillado, el alumbrado público es prácticamente inexistente y las vías de penetración se convierten en época de invierno en verdaderos caminos de herradura, esto sin aludir a la seguridad. Esta es otra deuda social que han tenido diversas administraciones locales con ese importante sector.