Muchas expectativas y preocupaciones vienen generando las convocatorias que han hecho distintos sectores de la población a las manifestaciones públicas a realizarse mañana jueves en todo el país. Independientemente de las razones que se esgrimen, a favor o en contra, lo cierto es que los derechos de reunión y manifestación públicas están previstos en nuestra Constitución política en el artículo 37: “Toda parte del pueblo puede reunirse y manifestarse pública y pacíficamente. Solo la ley podrá establecer de manera expresa los casos en los cuales se podrá limitar el ejercicio de este derecho”. Examinado desprevenidamente su texto, se observa que tiene dos elementos básicos claros: un “derecho”, y correlativamente un “deber”. El primero alusivo a la prerrogativa que tienen las personas de congregarse y manifestarse públicamente, en principio, sin ningún tipo de restricciones; el segundo, el “deber” de hacerlo de manera pacífica, tranquila, y sin perturbar los derechos de los demás; dicho de otro modo, sin alterar el orden público, del cual hacen parte la tranquilidad y seguridad públicas, condiciones mínimas para el ejercicio de los derechos y las libertades; en voces de John Rawls (Teoría de la Justicia), “el mantenimiento del orden público es condición necesaria para que cada cual alcance sus fines, sean los que fueren”.
Para el tema que se trata, la“reunión” y la “manifestación” son dos instituciones distintas que tienen sus propias connotaciones: la primera, consiste en la agrupación voluntaria o accidental de dos o más personas con la finalidad de intercambiar ideas, compartir experiencias, o para el desarrollo de proyectos o propósitos comunes, etc.; la manifestación, por su parte, puede significar no solo la expresión o declaración de algo, sino que también la constituye o comprende una marcha de un grupo significativo de personas, coincidentes o no en ideologías, o sin ella, dirigida a reclamar o protestar públicamente frente a algo o contra alguien, y todas esas actuaciones deben estar siempre cobijadas por el espíritu pacífico de la actividad. Esos derechos constituyen un gran logro de las democracias modernas, los que debe garantizar y proteger el propio Estado, pero de igual modo deben ser preservadas por los manifestantes.
Con la Ley 1801 de 2016, que contiene el “Código Nacional de Policía y Convivencia”, el legislador quiso regular en los artículos 47 y siguientes el derecho de reunión y las manifestaciones, pero las disposiciones fueron declaradas inexequibles (contrarias a la Constitución) por la Corte Constitucional. Ello no significa que haya un vacío institucional, pues el Estado cuenta con las herramientas jurídicas suficientes para ejercer control sobre ellas y conjurar los desmanes que llegasen a producirse contra los intereses de los asociados. No es entonces sensato que producto de las manifestaciones públicas, estas deriven o desemboquen en desafueros que afecten la institucionalidad, la integridad física de las personas, o daño a las cosas, sean éstas de propiedad del Estado -o lo que es lo mismo, de todos-, o privadas, lesionando gravemente los derechos de unos y otros.
Se tiene tanto el derecho a participar en una manifestación pública, como también es un derecho el decidir no hacerlo; en ambos casos las decisiones deben ser respetadas y garantizadas.
Las inconformidades de las comunidades con las problemáticas sociales o las políticas gubernamentales, y ante la falta de interlocución o solución, encuentran su máxima expresión en las manifestaciones públicas. Por supuesto que en una democracia el voto y el diálogo deberían ser las mejores armas para lograr el remedio a las desaveniencias, pero cuando hay ineficacia u oídos sordos, pareciera no haber camino distinto para llegar a consensos o lograr respuestas positivas dirigidas al bien común.
Cuando menos, Manizales y Caldas deben hacer gala de su grandeza, dando ejemplo de cultura en esa forma de expresión política que garantiza la Constitución, de lo cual toda la comunidad no solo estará orgullosa, sino que la misma con creces sabrá agradecer.