Un sistema de garantías en un Estado democrático de derecho no culmina con la consagración de derechos y los mecanismos para protegerlos; se requiere que los mismos sean complementados para lograr su cabal perfeccionamiento y verdadera eficacia, lo que permitiría generar mayor confianza en las instituciones y de la comunidad hacia sus gobernantes.
 Por ejemplo, los derechos de igualdad y salud no se logran en su plena magnitud, si los gobiernos no propician las condiciones necesarias para que la población pueda gozar sin dificultades de las prerrogativas que deben ser comunes para toda una sociedad; o el derecho a la paz se quedará en su simple formulación teórica si no se desarrollan los mecanismos y propician los escenarios sinceros que despierten también confianza y lealtad entre los actores divergentes ante el cimero propósito social, etc.
 Pues bien; hay un grupo de ciudadanos que ha empezado a movilizarse por todo el país en búsqueda del apoyo popular a una iniciativa de reforma constitucional tendiente a que los más altos cargos del Estado (Magistraturas de alta corte, Procurador General, Contralor General de la República, Defensor del Pueblo, Fiscal General de la Nación, etc.), sean designados mediante el sistema de concurso de méritos, y no con la discrecionalidad o el favor político que hoy campea, con el cual se fortalecería en grado superlativo el derecho de igualdad y acceso a los cargos públicos, pilares fundantes de nuestra ya cuasi democracia, blindándolos de situaciones de influencia o injerencia partidista o del ejecutivo, cuyas instituciones deberían ser verdaderamente independientes para el cumplimiento de sus tareas misionales.
 Plantea el proyecto de iniciativa ciudadana, que a través del concurso se pueda establecer que la elección se base en criterios objetivos y que recaiga “sobre el candidato que demostró mayores capacidades durante las pruebas aplicadas”; y aludiendo al escogimiento de magistrados de las altas corte de justicia, indican los promotores que no existe razón suficiente, ni constituye un fin constitucional, que en la actualidad su elección sea una excepción a la regla del concurso para el resto de jueces de la república, y que “si existe un riguroso proceso meritocrático para la elección de jueces y magistrados de tribunal, con mayor razón debería existir para quienes ocupan las magistraturas de mayor dignidad en Colombia’.
 Por curioso que parezca, la llamada en Colombia “carrera judicial” apenas llega hasta los Tribunales Seccionales (ordinarios, contenciosos administrativos, consejos de la judicatura y comisiones de disciplina judicial), derivada de un exigente concurso de méritos –con reclutamiento serio, prueba de conocimientos -que no existe para alta Corte-, entrevista y curso de formación judicial posterior, pero sin posibilidades de ascenso “objetivo e imparcial” hasta las más altas instancias judiciales; y lo propio ocurre en la Fiscalía y en los organismos de control, lo que poco a poco le ha ido causando o le ha causado menoscabo o mella a tales instituciones. Ante esa situación, muchos funcionarios judiciales de carrera judicial optan por hacerse nombrar como subalternos en alta corte, con el fin de darse a conocer de sus titulares y hacer amigos claves para su posterior eventual elección, para aludir a lo menos. Un sistema de carrera administrativa o judicial, con opciones de llegar a sus más altos cargos como culmen a largos años de servicio al Estado y a la sociedad, arropada con los más altos valores éticos, purgaría de algunas situaciones aberrantes que los mecanismos actuales presentan; incentivaría a que lleguen los más capaces, y habría evitado la tristemente célebre puerta giratoria, o incluso que la elección pueda servir de plataforma para obtener favores futuros del ejecutivo o del Congreso. En tal sentido, ¿Qué papel cumple dentro de su ideario, la Corporación Excelencia de la Justicia?
 La iniciativa de reforma constitucional formulada, ante la imposibilidad de lograrse por los mecanismos ordinarios, seguramente llamará mucho la atención ciudadana, pero muy especialmente la de todos los servidores públicos o de los profesionales que ven truncadas sus posibilidades o esperanzas de hacer parte, con vocación, de las esas altas dignidades del Estado.