La doctora Viviane Morales ha sido una destacada líder política, congresista, fiscal general, candidata presidencial, y hoy embajadora, entre otros.
En 1996 se adelantó en la Cámara de Representantes proceso judicial contra el presidente Ernesto Samper Pizano. 111 representantes, entre las que se hallaba la doctora Morales Hoyos, votaron en favor de la preclusión de la investigación por no encontrar, a su juicio, méritos para acusarlo ante el Senado y prosiguiera el juicio. Aquellos congresistas fueron denunciados por “prevaricato” (servidor público que profiere decisión o dictamen manifiestamente contrario a la ley; u omite, retarda o deniegue un acto propio de sus funciones) ante la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Quienes votaron en contra, también fueron acusados por el mismo delito, aunque esa minoría no configuró decisión alguna.
A raíz de ello, la señora Viviane Morales formuló demanda de tutela contra la mencionada sala de casación penal porque, en su sentir, no podía ser investigada por los votos y opiniones que emitiera en el ejercicio de sus funciones (art. 185 de la Constitución), acción que fue inicialmente declarada improcedente por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Había un precedente judicial unánime de la Corte Constitucional según el cual los congresistas podían ser investigados y juzgados penalmente por la Corte Suprema, precedente con el cual, al actuar los congresistas como jueces en el caso Samper, comprometían su responsabilidad personal. En el trámite de la tutela ante la Corte Constitucional, fue escogida para revisión la actuación promovida por la entonces congresista. Fue cuestionado públicamente su apoderado, un exmagistrado de esta alta corte, por el lobby permanente que hacía con los magistrados de esa Corporación.
Para alborozo de muchos y desilusión de otros tantos, en un país dividido en opiniones, la Corte Constitucional se apartó de su precedente para acceder a la pretensión de tutela de la congresista Morales; de paso, hizo absolutamente irresponsables a los congresistas por los votos y opiniones que emitieran en el ejercicio de sus funciones, incluidas las judiciales, e impidiendo a la Corte Suprema de Justicia adelantar cualquier tipo de investigación penal por aquella causa. Si la providencia hubiera sido distinta, seguramente Colombia sería otra; y si se hubiese juzgado al presidente, nuestra patria seguramente también sería diferente.
Congresistas que eran investigados por parapolítica también por la Corte Suprema de Justicia, presentaron su renuncia a sus curules para evitar, en medio de otra gran polémica, al juez natural, prefiriendo fueran criminalizados por la Fiscalía General de la Nación; es lo que en el lenguaje jurídico se conoce como “elusión” (“Evitar con astucia una dificultad o una obligación”, según la Real Academia Española).
Hoy nuevamente se revive una polémica similar. Un ilustre senador es investigado igualmente por la Corte Suprema de Justicia, pero renuncia a su investidura. Sus abogados abogan porque el proceso pase a la Fiscalía General. Seguramente que este tema, como en aquel año, lo podría terminar definiendo también por vía de tutela la Corte Constitucional. De acuerdo a lo que aquí se decida, Colombia podría ser distinta.
Y cuánta desazón genera cuando el reciente exmagistrado de la Corte Constitucional Carlos Bernal Pulido denunció presión del expresidente Samper en asunto relacionado con el sonado viejo caso del miti-miti, ¡¡grrrr!!, qué pena, qué desesperanza produce ello frente al esfuerzo de tantos jueces de la república que dan ejemplo de pulcritud y transparencia en la Rama Judicial, y que a voces del renunciado magistrado, de la Fiscalía no se conoce actuación alguna por la denuncia que sobre el entuerto hiciera. ¿Qué se puede esperar entonces?
Cuántos palazos, flagelaciones o maltratos, ha sufrido la justicia en los últimos tiempos, ello por vía directa o indirecta de sectores o personas interesados en sus decisiones, especialmente cuando les han sido adversas o no compatibilizan con sus deseos. Pero es mucho más grave cuando son servidores públicos los que, por fuera de los procesos, intentan de esa misma manera, o reencausar decisiones, o hacer que las mismas las hagan parecer afectadas de ilegitimidad.
¿Dónde están los voceros de la rama judicial, los colegios de jueces, e incluso el sindicato de la justicia para defender la institución judicial que se está quedando sola frente a las injustas andanadas que contra ella permanentemente se formulan? Con sus manifestaciones, ¡¡Colombia podría ser distinta!!”.