El país se apresta hoy a sus primeras elecciones después de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno del presidente Santos y la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común - que dicho sea de paso, considero que fue un enorme error conservar la sigla Farc, con las deserciones actuando, ello produce enorme confusión - En el Acuerdo se pactó, entre otras, que se pasaba de las armas a las palabras, de los fusiles a las urnas y que nuestra cerrada democracia se dispondría a recibir a los exguerrilleros en la contienda electoral. Ese fue el compromiso que, al menos en este punto, fue respetado por el Congreso de la República y por la Corte Constitucional.
Cifras del balance general de implementación del Gobierno de Colombia, presentadas recientemente indican que en este proceso se han entregado casi 9.000 armas, se alcanzó la tasa de homicidios más baja en tres décadas (24 homicidios por cada 100 mil habitantes), de 673 municipios, 180 están libres de minas, y en comparación con cifras del año 2006, en 2017 se redujo en un 97% el número de víctimas. Sin embargo, en lo referido a avances en derechos sociales y económicos de las comunidades rurales en las zonas del conflicto apenas alcanza un lánguido 18%, el punto grueso de reforma rural integral quedó literalmente engavetado. Pero lo más preocupante es que el país vive una polarización extrema y sigue entrampado en la guerra del odio y la sed de venganza. 
Se ha vuelto cotidiano en las redes sociales y en los medios masivos de comunicación las imágenes de la intolerancia y el odio de quienes enarbolan las banderas de la contradicción contra estos acuerdos de paz y que hacen dizque política agitando la violencia y el miedo. 
Partidos políticos, asesorados por pseudoperiodistas y agitadores profesionales, han incluido entre sus estrategias incitar los odios, promover mentiras e instigar a la violencia contra los contradictores y “enemigos” políticos. No se trata solo de lanzar huevos, piedrecitas como dicen, en algunas ciudades la intención ha sido llegar al linchamiento, la Policía aunque tarde ha llegado, ha impedido que esto ocurra.
Cientos de líderes sociales y defensores de derechos humanos han sido asesinados en todo el país en el último año y aunque las cifras entre las organizaciones y la institucionalidad no coinciden, la Defensoría del Pueblo ha dicho que unos 186 líderes fueron asesinados (entre enero de 2016 y julio de 2017) y otros 500 fueron amenazados. Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 21 líderes han sido asesinados en lo que va corrido de este año, sin que la institucionalidad pueda dar razón de la autoría.  
Voces de rechazo ante estas realidades se escuchan aquí y allá sin que se tomen medidas efectivas y ejemplarizantes que puedan ayudar a disminuir los riesgos de los cada vez más frecuentes linchamientos mediáticos, simbólicos y de la violencia que se desata en algunos mítines políticos.
Recientemente la Defensoría del Pueblo alertó que 25% del país se encuentra bajo amenaza electoral, es decir, que en 289 municipos de 29 departamentos, la gente no podrá votar libremente y quienes aspiran a ocupar cargos públicos en estas elecciones, podrían ver afectados sus derechos a la intregidad personal y a la vida. 
¿Será posible que la institucionalidad (Presidencia, Fiscalía, Procuraduría, Consejo Nacional Electoral) al margen de los anuncios de rechazo, tome cartas en el asunto frente a los candidatos, sus simpatizantes y sus partidos, que hacen del miedo, la violencia y el odio sus banderas? 
La Misión de Observación Electoral (MOE) señaló que tras cerrarse las inscripciones para las próximas elecciones (11 de diciembre de 2017) y durante esta campaña electoral 62 líderes han sido víctimas de violencia: 31 fueron asesinados, 11 sufrieron atentados y 20 han recibido amenazas.
Considero que los distintos actos de violencia han sobrepasado el umbral de tolerancia y atentan contra la vida e integridad de las distintas personas que ejercen el derecho a elegir y ser elegidas y por tanto es deber del Estado movilizar las distintas herramientas a su alcance para evitar que estos hechos se permitan, se repitan y se difundan. La vida de personas está en juego. 
Lo ocurrido me recuerda la frase del presidente Miguel Antonio Caro, hace más de 100 años: “En Colombia no hay partidos políticos, sino odios heredados”.