Cabe confesar el durísimo momento que vive el sector ganadero, después de trabajar más de 23 años por el control de la enfermedad más temida por el comercio internacional, hemos vuelto a hundir el status sanitario, llegando nuevamente al círculo de los países aftosos, detestados en cualquier actividad de comercio pecuario.
Cabe anotar que la fiebre aftosa aunque no es Zoonótica -no genera riesgo alguno para la salud humana-, es la enfermedad transfronteriza más importante (según FAO y OIE) debido a su alto impacto económico y sus fatales consecuencias para productores, comercializadores y comunidades rurales. Su agresivo virus afecta especies bovina, porcina, ovina, bufalina y caprina, disminuyendo en forma drástica la producción de carne y leche de estas especies.
Colombia a través del Fondo Nacional del Ganado, creado bajo la Ley 89 en 1993, puso en marcha el control y erradicación de la enfermedad e invirtió una suma millonaria, dando sus frutos en el tiempo, consiguiendo la Certificación de libre con vacunación en el 2009. Con este avance buena parte de los ganaderos hemos realizado grandes inversiones, mejorando las explotaciones y buscando mercados promisorios, de los cuales 16 países ya se habían abierto para la carne y leche colombiana. Es así como en el año 2016, alcanzamos a exportar el equivalente a más de 160 mil novillos, cifra considerable que estaríamos dispuestos a triplicar en el corto plazo. Sin embargo en junio, nos hemos encontrado con la gran sorpresa de escuchar la aparición de tres focos en el municipio de Tame seguido por Yacopí en el centro del país y Cúcuta en la zona de alta vigilancia, lo que ha derivado en una cuarentena en la que están incluidas más de 2,5 millones de cabezas.
Después de 8 años de la ausencia de brotes en el país, reaparece el terrible mal, debido a múltiples factores: la liquidación del Fondo Nacional del Ganado por diferencias políticas entre el gobierno Santos y Fedegán; la remoción de funcionarios idóneos con experiencia que trabajaban en zonas de frontera, el contrabando brutal de ganados de Venezuela donde no existe ningún programa oficial de control; la dificultad en controlar una frontera de más de 2.250 kilómetros plagada de contrabandistas de lado y lado; la debilidad del ICA, totalmente politizado con un personal idóneo y capacitado, y con otros funcionarios poco comprometidos arraigados en la Institución.
Ahora ya no queda sino reconocer los errores y tratar de remediar las fallas para poder recuperar la certificación lo más pronto posible. Para ello necesitamos el apoyo del gobierno con recursos abundantes bien invertidos -sin disminución del presupuesto como está planteado-, la contratación de personal idóneo y comprometido en el Instituto Colombiano Agropecuario, la acción efectiva de las autoridades que hagan presencia en la frontera con control real del contrabando, los ganaderos comprometidos, honestos y conscientes de los riesgos sanitarios que oscurecen el sector y la pronta adjudicación del Fondo Parafiscal de los Ganaderos a gremios líderes y representativos de los productores, aliados con comités y asociaciones de ganaderos que desarrollen los programas de vacunación y ayuden a la vigilancia epidemiológica y control de las enfermedades, de otra forma estamos destinados a pertenecer a la lista de países parias sin ninguna proyección en el mercado internacional.