El pasado domingo, unos 200 devotos católicos protestaron en la Plaza de Bolívar de Manizales contra la despenalización del aborto, determinada por la Corte Constitucional. Si obraron por iniciativa propia o en nombre de un clero acostumbrado a actuar por interpuesta mano, es irrelevante, pues ejercieron sus libertades de culto, pensamiento y opinión consagradas en la Carta Magna. Las cuales no son más –ni menos- importantes que las de quienes creen, piensan y opinan de otra manera
Pocas horas después, la revista Semana y La W Radio informaron que un sacerdote llamado Carlos José Carvajal Galvis, violó a una niña de 13 años que trabajaba en el templo La Inmaculada de San Bernardo del Viento, Córdoba, regido por el violador. A consecuencia del criminal asalto, la víctima, impúber menor de edad e incapaz de decidir quedó preñada y su agresor la obligó a abortar. Aunque se ignora si quien practicó la cirugía estaba o no capacitado, el cuerpo de la chica sufrió daños que agravarán los emocionales.
La Diócesis de Montería anunció una investigación, tan exhaustiva como las de la Fiscalía, si bien “el mencionado padre hasta la presente no ha sido ubicado y se desconoce su paradero”, dice el comunicado episcopal. Puede significar tanto que el abusador tomó las de Villadiego, como que fue piadosamente ocultado, para sustraerlo de la justicia penal, o fue trasladado a una parroquia situada detrás del mapa.
En el mismo despacho, se promete vagamente que “ofreceremos su acompañamiento espiritual a las personas afectadas”. Tal solidaridad es tan consoladora como las saludes de un enemigo declarado, pero la Iglesia supo convertirla en un hecho de comprobada eficacia: asedia a la víctima y sus familiares con amenazas para el Más Allá, o el más acá, sugiriendo delicadamente desistir de cualquier acción punitiva contra el delincuente consagrado, regresar a su redil y orar por su alma algo descarriada.
La violación de la menor cordobesa es apenas una más entre miles, quizás millones, en el mundo católico, de las cuales se conocen muy pocas, por el secretismo eclesiástico y el temor de los abusados a revelar los vejámenes. Sin importar la cantidad, despojan al clero de toda autoridad para protestar contra una norma jurídica, valiéndose de argumentos tan etéreos como una moral poco practicada en ese gremio, manipulando principios divinos.
El que siga arrogándosela para hablar en nombre de todo un país, católico o no, vendiendo la imagen de una oposición masiva a la sentencia de la Corte, es una declaración política y no religiosa. Proviene de su negativa a reconocer el Estado laico de Colombia, vigente desde 1991.
Si los gobernantes están obligados a ser neutrales en asuntos religiosos y tratar por igual todas las iglesias y confesiones religiosas, la católica debe ser neutral frente a decisiones tomadas en derecho. Oponerse podría considerarse como la intromisión de un Estado en otro, puesto que el clero solo sigue instrucciones del Estado Vaticano.
Está bien que desde los púlpitos inviten a no acatar, puesto que la libertad de abortar no equivale a la obligación de hacerlo. Pero el clero debe respetarla, sin llamar a la desobediencia civil, aun de quienes no siguen los dogmas católicos. Más todavía, cuando la verdadera pretensión de la Iglesia es conservar su poder sobre una población obligada a creer por el miedo a la oscuridad y no por la razón de la luz.
Es importante distinguir entre delito y pecado. 
El Estado laico tiene potestad de declarar legal el aborto, así la Iglesia lo condene como pecado. Podría no serlo, si un cura obliga a abortar a una niña.