Hace poco conocí a la madre de una de las 47 personas asesinadas durante lo corrido del año en Manizales. El homicidio de su hijo ocurrió antes de iniciar el conteo de los 55 días sin muertes violentas en la ciudad. A raíz de esto, me comentó que sentía una abrumadora falta de solidaridad durante su periodo de duelo, ya que la gente le decía que “Manizales era la ciudad más segura, el mejor vividero de Colombia”, “era una tragedia lo que le había ocurrido, pero al menos la ciudad no era tan violenta como otras”, que no se debían magnificar casos aislados de intolerancia como el que le había ocurrido a su hijo. Esas y otras manifestaciones sin empatía, la llevaron a intentar ocultar su dolor para no incomodar el buen momento que vivía la ciudad. 
Que el 95% de los habitantes de Manizales estemos orgullosos de vivir en la ciudad no debe llevarnos a negar nuestros problemas. Por el contrario, encubrirlos con costosas campañas publicitarias oficiales es un flaco favor, no solo al debate público, sino a la propia seguridad de los ciudadanos. En 2018, la ciudad reportó una tasa de 19,9 homicidios cada 100 mil habitantes, mientras Bogotá reportó 12,7 homicidios. Casi la mitad de estos homicidios ocurrieron en la comuna San José y la comuna Ciudadela del Norte, ambas caracterizadas por el abandono estatal, la negación permanente de servicios y derechos, y la profundización de brechas sociales. 9 de cada 10 víctimas no habían cursado estudios superiores, lo cual ratifica que este puede ser un fenómeno selectivo en el que la clase social sí importa. 
Especial mención merecen los casos de delitos sexuales. Manizales se encuentra muy por encima de ciudades como Bogotá y Cali en incidencia de este tipo de agresiones, siendo las principales víctimas adolescentes y niñas. Lo más escabroso es que el 77% de los delitos son cometidos por un familiar, amigo o conocido, lo que demuestra que, si bien la seguridad es un asunto público, también debe abordarse de puertas hacia adentro. En los últimos meses han ocurrido 5 feminicidios en la ciudad.
Lastimosamente, la narrativa de las administraciones locales frente a la víctimas ha estado mediada por el desconocimiento, y, en no pocos casos, por la revictimización. La tragedia social y política que derivó en la muerte de decenas de personas en el barrio Cervantes, o el macrodesastre de la Comuna San José, que ha dejado más desplazados que muchos conflictos armados, son ejemplo de ello. Negar los problemas nunca ha servido para solucionarlos. Mantener niveles engañosos de popularidad no puede estar por encima de la labor primordial de las autoridades: hacer que la vida de la gente sea mejor. 
La ciudad se prepara para una nueva administración, ojalá se aproveche el buen ambiente para realizar transformaciones reales, que partan por reconocer nuestros problemas, afrontarlos y solucionarlos, construyendo ciudadanía y asegurando el pleno goce de derechos. El primer paso hacia la reparación de las víctimas es no negarles su derecho a serlo, es decir, actuar con justicia frente a hechos que no eligieron vivir.