La semana anterior tuvimos el condenable comportamiento violento en el Estadio de Bogotá de las ‘barras bravas’ de los equipos de fútbol Nacional y Santafé. Sin embargo y pese a que afortunadamente no hubo víctimas fatales, este hecho refleja una práctica muy arraigada en nuestra cultura política, que a su vez se manifiesta en múltiples conductas de grupos e individuos; a veces como expresiones de violencia simbólica y para ellos no es sino darse una pasada por redes sociales como twitter –donde el que no está de acuerdo con ciertos grupos o actitudes políticas es vapuleado con todo tipo de adjetivos para pretender eliminarlo simbólicamente-, pero en muchos casos expresa la práctica de la eliminación del adversario político o social, o en el actuar complaciente y justificador de las prácticas agresivas – existe la tendencia a considerar que alguna formas de violencias son ‘buenas’ y otras ‘malas’, que hay unas violencias que son válidas o legítimas, etc.-
Por eso es necesario revisar la respuesta que debemos darle a esas prácticas. Debemos repensar en dónde colocar el énfasis para lograr, en el mediano y largo plazo, dejar atrás esa incómoda compañera que hemos tenido en un largo trecho de nuestra historia. Hay que formular e implementar estrategias integrales que van desde la familia, el sistema educativo, las relaciones laborales y sociales cotidianas, y algo muy importante, el comportamiento de los funcionarios públicos –que no deben actuar como si fueran ‘reyecitos’, sino como los servidores públicos que hemos elegido los ciudadanos, que son pagos con nuestros impuestos y por lo tanto deben dar cuenta de su trabajo-.
No se puede aceptar que si hay comportamientos incorrectos en la Fuerza Pública, entonces la respuesta debe ser eliminarla y, paralelamente, justifiquemos los comportamientos violentos en su contra; si hay incapacidad de funcionamiento de la justicia, entonces acabémosla, o peor aún acudamos a la ‘justicia por mano propia’, esa fue una de las razones que contribuyó a estimular el conflicto armado y las múltiples violencias asociadas a él; que si bien y con razón se critica la tradición y herencia patriarcal de nuestra sociedad, la respuesta no puede ser que sólo tienen validez las posiciones políticas que se valoran como ‘bravas’, ‘berracas’ o radicales porque lo demás se descalifica y ataca por ser supuestamente ‘blandengue’.
El criterio de base de una nueva cultura política es no aceptar el uso de la violencia en ninguna circunstancia; considerar que en una sociedad no existen enemigos políticos, solo adversarios y que la diferencia y la diversidad es una realidad de todos los grupos humanos, y que, antes que negativo debe verse como enriquecedor; el lenguaje de respeto en el tratamiento de los otros debe ser la regla.
Se debe exigir y actuar para que la Fuerza Pública se comporte de acuerdo con sus reglamentos y normas y en el marco de la Constitución y la ley; la Justicia debe funcionar de manera eficaz y eficiente. Los funcionarios públicos deben tener claro que su tarea es servir a la sociedad desde sus cargos y que ellos no se pueden concebir como fuente de privilegios. Hay que avanzar seriamente en la eliminación de privilegios estamentales -¿porque los congresistas, los miembros de la Fuerza Pública, de la justicia, tienen regímenes especiales?-. Para que lo anterior sea realidad deben hacerse las reformas que sean necesarias e indispensables, incluyendo reformas constitucionales si es menester. El tratamiento con las denominadas ‘barras bravas’ del fútbol deben combinar tareas de pedagogía, acompañadas con sanciones fuertes y contundentes si se reincide en conductas violentas.
Esta debería ser la prioridad de este gobierno y de los que lo sucedan.