La Corte Constitucional tumbó la “Ley Gilma Jiménez”, que buscaba la cadena perpetua para los violadores y asesinos de menores de edad, argumentando que la reforma era inconstitucional pues desconoce la dignidad humana de los condenados. Entonces sale la magistrada Cristina Pardo Schlesinger y habla en los noticieros sobre la dignidad vista desde la Constitución como un derecho fundamental autónomo. Luego, el presidente Iván Duque dice ante los micrófonos de diferentes medios que no está de acuerdo con la decisión, no porque su propuesta populista fuese inviable sino porque - según él - por encima de todo está la dignidad de los niños.
Después hablan un abogado, un congresista, un periodista, un analista, un ciudadano desprevenido… Todos parecen tener una idea de lo que es la dignidad y para justificarse caen en falacias argumentativas de tipo ad populum o de pendiente resbaladiza; “si se preocuparan por los niños y niñas de Colombia hubiesen aprobado la ley”, “esto es abrirle la puerta a los violadores de menores de edad”.
Al revisar el Código Penal colombiano se puede ver que las penas a los abusadores sexuales son severas, de hasta 60 años. El problema está en que no se aplican los castigos como deben, los procesos no se llevan de la mejor manera y existe desinformación legal. Como señala el abogado especialista y magíster en derecho penal, Norberto Hernández Jiménez: “en el sistema penitenciario colombiano la resocialización ocupa un lugar subalterno, convirtiéndose la cárcel en una herramienta de venganza pública que se utiliza para devolver la confianza en la justicia penal” .
En ese afán de venganza se cometen atrocidades. Se me vienen a la cabeza los casos de Alberto Júbiz Hazbún (acusado de participar en el asesinato de Luis Carlos Galán) o la del campesino Luis Vertel Urango (condenado a 40 años por confundirlo con el paramilitar Luis Bertel Durango). También la del estadounidense Joseph Ligon, quien pasó a la historia como la persona que más tiempo estuvo tras las rejas: 68 años. Entró al sistema a los 15 - condenado a perpetuidad por homicidio en 1953 - y salió en abril de este año convertido en un anciano de 83. En este caso ocurrieron muchas irregularidades: lo castigaron como adulto siendo menor de edad, se enfocaron en su raza (es negro) y nunca obtuvo asesoría legal adecuada. El sistema se lo tragó y para cuando se acordó de él ya iba para su séptima década encerrado.
La cadena perpetua no soluciona el problema de los abusos sexuales, tampoco de homicidios o crímenes de lesa humanidad. En países como EE.UU., que tienen hasta la pena de muerte, se siguen cometiendo homicidios y violaciones. Y condecoran a los que invaden otras naciones y masacran personas.
La dignidad de la que tanto hablan se pierde en el afán de impartir castigos o perdones. Si de verdad esto fuera cuestión de dignidad - sobre todo “la de los niños”, como expresó Duque - la justicia ya habría hecho algo en los casos del Plan de Alimentación Escolar - PAE, esos sí miserables ladrones que matan de hambre a los niños más pobres. O con la ministra de las TIC, Karen Abudinen, que bajo su control se perdieron $70 mil millones que debían destinarse a la conectividad y educación de los niños colombianos. Para el Presidente, sin embargo, ella es una persona “honorable”.
Indigno también es que nombre al exministro Alberto Carrasquilla como codirector del Banco de la República, cuando es responsable de la crisis social que llevó a los colombianos a protestar en las calles. O que el 87% de los casos de feminicidios no sean resueltos, o que el 99.5% de casos de desaparición forzada se encuentren sin resolver, según la Fundación Paz y Reconciliación. Por cosas como estas es que Colombia está condenada a una indignidad perpetua de la cual parece no haber salida, por más penas severas les dé por inventarse.