Dice Jean-Jacques Rousseau, en su obra El contrato social, que este hipotético pacto de orden social y autoridad política es el que da sentido al Estado, a los derechos humanos; a poder vivir en sociedad a cambio de ceder ciertas libertades… entre ellas el no abusar de un poder para pasar por encima de los demás.
Pero como en Colombia hasta la sal se corrompe, este contrato social está hecho jirones. Esta semana presenciamos cómo, en diferentes partes del país, algunos personajes usaron sus influencias para saltarse los turnos y meterse en los listados de priorizados para inmunización contra el Covid-19. En Manizales, según la Corporación Cívica de Caldas (CCC), serían 19 los colados: “cuatro personas de cargos administrativos y 15 especialistas entre ortopedistas, cirujanos plásticos, cirujanos maxilofaciales, urólogos, patólogos, cardiólogos, ginecólogos, neumólogos de consulta externa y cirujanos”.
Pensarán, “hombre, ¡pues son médicos!”, sin embargo el contrato social - o sea, lo que se había pactado con el Estado y la sociedad - era que la prioridad la tendrán los grupos de riesgo como mayores de 60 años, personas con comorbilidades (hipertensión, diabetes, etc.), y los trabajadores del sector salud que están en el frente del contagio. Allí no entran ni los implantes mamarios estéticos, el diseño de sonrisa, un esguince de tobillo o el análisis de la biopsia de un lunar.
Lo esperaba de los políticos y sus lacayos - mañosos y capaces de las más bajas artimañas con tal de salirse con la suya (basta ver la infamia del Plan de Alimentación Escolar) - pero no de los médicos. La tentación, empero, es grande: tener la posibilidad de ser los primeros en inocularse sin salir del sitio de trabajo, sin tanto trámite, con la complicidad de compañeros de centro asistencial y pensando que el anciano con Alzheimer no lo señalará por ocupar su turno. Además, se está vacunando.  
Pero, ¿dónde quedan el “abstenerme de toda maldad y daño”, la “conservación de la dignidad médica, evitando actos que vulneren la imagen del profesional” y el “compromiso con los principios de la profesión médica” que establece el juramento hipocrático del Colegio Médico Colombiano?
Tanto mi papá como mi mamá son médicos, mayores de 60 y quisiera que estuvieran de primeros en la lista para ser vacunados. Pero ese no es el contrato social que se pactó: No son de primera línea, tampoco se han expuesto. Están en la mitad de una cola de  20 millones de colombianos que se estiman hacen parte de la Fase 1 de vacunación. Yo, Fase 2, debo esperar al 2022.
Por eso indigna que se cuelen que porque son empleados de la clínica donde están vacunando, porque son cercanos al Gobernador, porque “me reemplazaron por una de las que no aceptó (ser vacunadas)”, como hijo uno de los señalados a LA PATRIA (https://bit.ly/2O4ty2a). Argumentos que en esta Colombia corrupta no son raros - incluso suenan hasta ingenuos - pero van en contra de lo pactado. De ese contrato social del que habla Rousseau y que nos permiten vivir en sociedad.
No creo que prosperen las amenazas (politizadas algunas de ellas) y sanciones que dicen les caerán a estos personajes - sea uno, sean 19 -, porque el objetivo que se puso el Gobierno nacional es vacunar a la totalidad de la población, sean colados o no. Que no se desperdicien dosis y haya más colombianos inmunes. Nos queda entonces la sanción social, pero en una ciudad descuadernada en autoridad y que vive de apariencias (el “Mejor vividero de Colombia”, ¡ja!) eso no existe.