El repentino afán del gobierno de Iván Duque por reiniciar las aspersiones de glifosato sobre los cultivos ilícitos tiene un trasfondo que va más allá del incremento de hectáreas de coca sembradas (de 48 mil en 2013 a 176 mil en 2017).
Cuando en 1998 los presidentes Andrés Pastrana y Bill Clinton acordaron el Plan Colombia, con el que Estados Unidos se comprometía a apoyar a nuestro país en la lucha contra la producción de drogas, uno de los puntos era la aspersión aérea de cultivos ilícitos. El trato era que ellos nos daban la plata (USD $10 mil millones entre el 2001 y el 2016) para comprar los insumos que ellos proveían; o sea, hacerla circular de un bolsillo al otro.
Sucede que la firma Monsanto, principal productora de glifosato, es una de las mayores patrocinadoras de políticos en el mundo. Tal vez no de manera directa, pero sí a través de “centros de pensamiento” como la American Enterprise Institute (AEI), organización de línea conservadora financiada por Monsanto y que ha tenido en su junta directiva a personajes que luego colaboraron con los Clinton (Bill y Hillary), Bush, Obama y actualmente con Donald Trump. Su asesor de seguridad nacional, John Bolton, fue senior fellow de AEI.
Prueba de que el problema no es el herbicida sino quien lo produce lo registró El Espectador, en 2012, en el artículo El glifosato chino de la Policía (https://bit.ly/2W0AJM4). Cuando la financiación del Plan Colombia se redujo, las autoridades nacionales recurrieron a fumigar las plantaciones de coca con herbicidas chinos, más baratos y sin intermediarios gringos. De inmediato, el gobierno estadounidense reportó que la sustancia usada estaba alterada, era más tóxica que la producida por Monsanto y amenazó con descertificar a Colombia si continuaba con ese negocio.
Amenaza que se repitió cuando, en 2015, el presidente Juan Manuel Santos canceló las fumigaciones con esta sustancia al acogerse al concepto presentado por el ministerio de Salud y Protección Social y el informe de la Agencia Internacional para la Investigación sobre el Cáncer de la Organización Mundial de la Salud. Documentos que establecen que el glifosato es cancerígeno.
Para contrarrestar esto, Monsanto inició una cruzada mundial para limpiar su imagen. Desde que la firma Bayer adquirió a Monsanto por ¤54 mil millones, para hacerla parte de su portafolio de agroquímicos, el grupo alemán tuvo pérdidas accionarias cercanas a los ¤30 mil millones. La más grande en los 155 años de historia de la multinacional germana, reportó el diario Der Spiegel (https://bit.ly/2Es0tpC) . Y todo por el glifosato.
A esto se suman las casi 13 mil demandas que tiene la empresa, solo en Estados Unidos, de personas afectadas por el herbicida. Ya fallaron a favor de un jardinero al cual indemnizaron con USD $290 millones. Y recientemente una pareja de agricultores, que por el uso repetitivo de Roundup enfermó de cáncer, le ganó una demanda por USD $2 mil millones. “¿Hasta cuándo aguantará Bayer” se preguntó el medio alemán Deutsche Welle, sobre todo cuando a Monsanto la acusan en los tribunales de “40 años de conducta delictiva corporativa”.
En su afán de reducir el impacto negativo de la fusión Bayer-Monsanto, la multinacional emite informes corporativos en los que registran millonarios ingresos e investigaciones que hablan bien del glifosato. Sin embargo, el periódico francés Le Monde publicó recientemente una investigación en la que demuestra cómo esta compañía hizo cabildeo, espió y, al parecer, sobornó al menos a 74 políticos, científicos y periodistas en Francia para que hablaran bien del agroquímico (https://bit.ly/2W5Grva). Práctica que se habría extendido a otros países.
Por eso no es extraño que este nuevo gobierno arranque con afán a promover las aspersiones con glifosato. Tampoco que cuente con voceros como el ministro de Defensa, Guillermo Botero, quien asegura que “no he conocido un mejor herbicida”, o la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez que comparó los efectos de este tóxico en el cuerpo humano con el beber “500 vasos de agua”.