La Comisión Primera del Senado aprobó esta semana - en primer debate y de afán - el proyecto de doble conformidad retroactiva para aforados, que permitiría que casos juzgados antes del 2018 puedan ser revisados. Y, con total descaro, el Centro Democrático (partido ponente del proyecto) lo llamó “ley Andrés Felipe Arias”. Un inmerecido honor al exministro de Agricultura condenado a 17 años de prisión por el escándalo de Agro Ingreso Seguro, en el cual los recursos destinados para los campesinos pobres se desviaron a grandes terratenientes amigos del gobierno de Álvaro Uribe.
En esa misma jornada, el Congreso hundió el proyecto que pretendía que la elección del Fiscal General de la Nación se hiciera por méritos y no sacada de una terna acomodada - de dos burros y un caballo - propuesta por el presidente de la República.
Y, por si fuera poco, prescribió el proceso contra el expresidente de Interbolsa, Rodrigo Jaramillo, un tipo que, junto a sus amigos, se robó $66 mil 200 millones, según la Fiscalía. Otros analistas consideran que el desfalco superó los $100 mil millones.
Lo anterior evidencia las prioridades actuales de nuestros políticos y la justicia: premiar a los delincuentes de cuello blanco y pasarse por la faja la meritocracia y a las víctimas. Esto en medio de un momento en el que la sociedad exige en las calles que se respeten las normas, los acuerdos y los compromisos pactados que buscan un mejor futuro para todos.
Hay que ser muy obtuso para no darse cuenta de que las dinámicas sociales cambiaron. Y no es una cosa de capitalismo y comunismo (o castrochavismo), sino de equidad. “0,7% de la población mundial, la cual representa cerca de 34 millones de personas, posee el 45,2% de la riqueza global, mientras que 71% de la población cuenta solo con 3% de la riqueza mundial. Esto quiere decir que el 1% más rico tiene tanto patrimonio como todo el resto del mundo junto”, señala el informe sobre riqueza global elaborado por Credit Suisse.
Globalmente, estamos jodidos y cada nación libra sus luchas internas: De Hong Kong a Chile, de París a Manizales.
Colombia es, según la Oxfam, cada vez más desigual. Hay 9,69 millones de colombianos en pobreza multidimensional, un término que sirve para barajar y acomodar a esta población de acuerdo a las necesidades del Gobierno. En este momento, por ejemplo, el presidente Iván Duque necesita enviar el discurso de que en el país no hay recesión económica y por eso sale el director del DANE, Juan Daniel Oviedo, a decir barbaridades como que quien gane $560 mil al mes (mucho menos del salario mínimo) no es pobre y hace parte de la clase media.
Esto es ampliar de manera engañosa un grupo social con el fin de captar más recursos, a costa de pauperizar un estrato reventado por los impuestos. Lo triste es que lo ven como la única alternativa para salir de la crisis y pasan por alto las recomendaciones de analistas y modelos socioeconómicos que por años nos han mostrado que vamos por mal camino.
Conociendo estas realidades y teniendo las herramientas para hacer algo, la clase dirigente nacional está conforme donde está. No hay que ser un profeta para ver que la historia juzgará con severidad este periodo de Colombia. Uno en el que se premió a la corrupción, incluso bautizando leyes con estos próceres mal habidos, y se ninguneó al grueso de la población cuando pidió dignidad y oportunidades.