En Argentina se le llama “Hijos de la dictadura” a esa generación que nació entre 1976 y 1983. Niños que crecieron en un contexto opresor, de censura y violento. La dictadura de Jorge Rafael Videla dejó no menos de 30 mil muertos y desaparecidos, según la organización Madres de Plaza de Mayo.
Han pasado tres décadas y las cicatrices de ese gobierno militar no cicatriza del todo, pero ahí van. Cada vez con más personas dispuestas a ayudar a encontrar esa verdad que sane las heridas. Entre ellas están los hijos de genocidas. En Argentina se hacen llamar los “Desobedientes” y en febrero de este año la BBC News publicó un reportaje en el que dos mujeres, hijas de policías torturadores y espías de la dictadura de Videla, hablan sobre “su secreto familiar” (https://bbc.in/2LWInzn).
Esa realidad de saber que un padre fue un monstruo choca con los recuerdos de esa misma persona en la entraña familiar y el cariño que allí daba. “¿Quién puede decidir querer o no querer? ¿Cómo se borra el afecto? ¿Cómo se borran los recuerdos? Así que por ahora convivimos con esas contradicciones”, se pregunta Analía Kalinec, hija de un uniformado condenado en 2010 a cadena perpetua por los delitos de “homicidio calificado, tormentos y privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida por funcionario público”.
Este documento lo encuentro relevante en momentos en que el ministerio del Interior nombra como coordinador de la Oficina de Articulación para las Víctimas a Jorge Rodrigo Tovar Vélez, hijo del paramilitar Rodrigo Tovar Pupo, alias Jorge 40.
Tovar Vélez tiene acreditaciones suficientes para el cargo. Es abogado con énfasis en Derechos Humano, tiene maestría en Administración Pública, trabajó con víctimas del conflicto armado con la Organización Internacional para las Migraciones e hizo parte de la Oficina Asesora de Paz de la Gobernación del Cesar. Su padre, sin embargo, es una larga y oscura sombra sobre esta hoja de vida.
Jorge 40 fue comandante del Bloque Norte de las AUC. Grupo de autodefensas que se encargó de la masacre de El Salado (60 asesinatos y uno de los desplazamientos más grandes en la historia del país); la de Sitio Nuevo, Magdalena, en la que masacraron a 40 pescadores; la de Bahía Portete, en la que mataron a doce indígenas wayú. Este tipo confesó 600 crímenes y, a pesar de ello, lo sacaron de la ley de Justicia y Paz por negarse a contar toda la verdad.
El nuevo coordinador para las víctimas dijo que, una vez su padre regrese de pagar su condena en Estados Unidos, no será su abogado. Se le abona la buena voluntad, pero es que a diferencia de Analía Kalinec, Tovar Vélez no tomó distancia de su padre. En redes sociales lo defendió calificándolo de “preso político” y es militante del Centro Democrático, partido que se opone a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y su principio de verdad, justicia, reparación y no repetición.
El narcoparamilitar (porque por narcotráfico lo condenaron en EE.UU.) llegará este año a Colombia a encarar una lucha territorial con las víctimas que su hijo - se supone - debe proteger y reparar. Predios de los que fueron violentamente despojados y de los que Jorge 40 y sus socios tomaron posesión. Terratenientes que hoy no quieren que la verdad se conozca.
El Centro de Memoria Histórica establece que los paramilitares son responsables del 60% de las masacres y del 40% de los asesinatos selectivos sobre los cuales hay registro. “8.902 asesinatos selectivos, 1.166 masacres con 7.160 muertos, 371 casos de tortura y sevicia, más de 1.000 niños reclutados y despojo o abandono de cerca de 800.000 hectáreas de tierra”, dice el informe. Jorge Rodrigo Tovar Vélez está en todo su derecho a sentir afecto por su papá, sobre todo si su formación académica y laboral se deba - en parte - al poder y terror amasado por Jorge 40. Pero, por el bien de Colombia - cansada y raquítica de alimentar tanto delfín insaciable - debería unirse a ese movimiento de desobedientes. Hacerse a un lado y apoyar a las víctimas desde otro lugar.