Siguiendo con lo planteado en columna anterior sobre este mismo tema, y conscientes que los programas de regularización del gasto no son suficientes para atender con éxito el faltante que hoy registra la universidad pública, se hace necesario poner en marcha una reconversión administrativa, financiera y académica que nos permita mantener los estándares de calidad de la educación, al tiempo que buscamos mejorar la cobertura.
En una reciente publicación de la Universidad de Antioquia, el académico Pablo J. Patiño señalaba que cada vez son menos las universidades públicas financiadas en su totalidad con presupuesto estatal. De igual modo, estudiosos del tema destacan la práctica cada vez más en auge en las instituciones de educación superior (IES), de autofinanciar un porcentaje de su gasto a través de alianzas incrementando la oferta en sus servicios de investigación e innovación.
En el caso colombiano, las IES afrontan un faltante presupuestal que nos lleva a repensar el que hasta ahora ha sido el modo de operación de la universidad pública. Tomando como base el faltante presupuestal real que registran las instituciones, a quienes hacemos parte de los estamentos universitarios nos corresponde desarrollar de manera conjunta un modelo financiero orientado a garantizar el cumplimiento de los quehaceres misionales y finalizar la vigencia anual sin generar mayores traumatismos en el funcionamiento del año siguiente. En esta tarea, la alta dirección de la universidad tiene, claro está, la responsabilidad de auscultar mecanismos y señalar el camino más idóneo, haciendo partícipe a la comunidad universitaria de la búsqueda de una solución que nos beneficie a todos.
En la Universidad de Caldas estamos ahora mismo en este proceso. Considerando la importancia de la institución como referente de la región, nos hemos dado a la tarea de revisar de manera rigurosa su estructura financiera, con miras a determinar la implementación de un modelo que le imprima mayor productividad y eficiencia a nuestro quehacer. Esta revisión incluye la evaluación detallada de las inversiones y gastos en materia de funcionamiento administrativo, calidad académica y docencia vs. el alcance de la oferta educativa. Todo esto, como es natural, a la luz de la normatividad vigente, que exige una ejecución del gasto en línea con el cumplimiento de las funciones misionales en forma eficiente y con la calidad que caracteriza la Universidad.
Este ejercicio debe conducir a la obtención de una Universidad sintonizada con los desafíos de la educación superior al 2030. Ello conlleva pensar y desarrollar procesos de educación híbrida, titulaciones conjuntas, oferta de nuevos programas, interacción permanente con el sector productivo, al tiempo que se mantiene una formación humanista. La modernización de los programas y de la forma de enseñanza, redundará en un uso más eficiente de los recursos, ajustándolos a las demandas actuales de la educación superior. 
Esta propuesta requiere, sin duda, un compromiso sin fisuras en los estamentos estudiantil y profesoral. Para empezar, implica la disposición a un cambio de mentalidad que nos permita visualizar de otro modo la educación superior. A la Universidad, por su parte, le implica la modernización de su infraestructura y la implementación de mecanismos tecnológicos y digitales para adoptar un nuevo modo de impartir educación.
Como Universidad tenemos el deber de generar conocimiento y de aprovechar al máximo las capacidades que tenemos como motor del desarrollo. La obtención de recursos frescos es una prioridad que no da espera. La formulación de proyectos que conduzcan a un mayor fortalecimiento de las capacidades institucionales y un mayor acercamiento a las necesidades de la región y el país acorde con la vocación de la Universidad son un desafío inmediato. Asumámoslo.