Los ratones cuidando el queso
Señor director:
La corrupción, uno de los pecados capitales de la democracia, ha permeado los tres poderes del Estado, las altas cortes y los organismos de control; todos ellos están involucrados en la defraudación del erario y demuestran, con sus actos ilícitos, una profunda crisis ética.
El objetivo de los criminales de cuello blanco son las instituciones, donde se concentran grandes cantidades de dinero, situación que impide ejercer un control sobre su destino final. Están afectados por la corrupción no solo el sistema de salud con la tercerización de la administración de las finanzas a través de las EPS, que protagonizan escándalos millonarios, sino también el sector educativo, pues se infla la nómina docente, se inscriben estudiantes fantasma en sus bases de datos, se presentan demandas ilegales por algunos jueces y se fortalecen las mafias de los restaurantes escolares.
Y no siendo suficiente, los ciudadanos escuchamos hablar de Reficar, la obra de infraestructura con los mayores sobrecostos en la historia del país, contratos escandalosamente irregulares y jueces que encuentran grandes obstáculos para darle claridad a la investigación, mientras el caso Odebrecht sigue generando noticias escalofriantes al involucrar a más personajes de la vida pública, quienes recibieron de esta firma pagos, coimas y sobornos que alcanzan la nueva no despreciable suma de 84 mil millones de pesos, y caso por la cual se han emanado órdenes de captura para extranjeros. Y tenemos el Sisbén -Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales en salud, subsidios de empleo, vivienda, adulto mayor, créditos educativos, entre otros-, que cuenta con 34 millones de colombianos registrados, de los cuales 80 mil perciben salarios superiores a los tres millones de pesos mensuales, y donde aparecen inscritas más de 230 mil personas fallecidas, lo cual demuestra la complicidad de las administraciones municipales, responsables de hacer las encuestas y entregar la información actualizada al Departamento Nacional de Planeación para su consolidación.
Pero Colombia la sacó del estadio con un hecho sin precedentes, cuando el Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en un acto de irresponsabilidad, de negligencia y de dudosa complicidad nombró a Luis Gustavo Moreno en la Dirección Nacional de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, para investigar a los funcionarios públicos, a pesar de que en las altas esferas de la política ya se rumoraba que este “profesional” no era de fiar por los antecedentes que registró en los cargos anteriores como asesor de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, penalista en la administración de Eduardo Montealegre en la Fiscalía -donde recibió millonarios contratos-, abogado del exgobernador de Antioquia Luis Alfredo Ramos en medio del proceso que se siguió en su contra por parapolítica, abogado defensor de quien hoy es su esposa, Carolina Ríos, detenida por transportar droga de Bogotá a París en el 2011 y absuelta tres años después por un juez de la república.
Este repugnante caso que lesiona gravemente la integridad institucional del ente acusador y que deja a Colombia en el ojo del huracán, culminó con la captura de Moreno llevada a cabo por la propia Fiscalía, gracias al concurso de la justicia norteamericana y su extradición a este país, para ser judicializado por el delito de conspiración para lavar activos con el fin de promover el soborno y la corrupción en Colombia. Moreno extorsionó con un millón de dólares al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, para favorecerlo en la investigación que se lleva en su contra por el desfalco a su departamento en el manejo de regalías.
La pérdida de credibilidad por los funcionarios públicos ha provocado que en época de elecciones el voto de opinión brille por su ausencia, que el abstencionismo marque récords inalcanzables y que los métodos fraudulentos en el manejo del sufragio elijan al ganador. Sin embargo, la consulta popular que recaudó más de cuatro millones trescientas mil firmas, que serán avaladas por la Registraduría Nacional para que luego el Congreso dé la aprobación para su convocatoria, se convierte en una luz de esperanza que permitirá arrinconar al corrupto, darle prisión, hacerle perder su investidura y obligarlo a reembolsar los dineros robados; además, esta iniciativa permitirá cerrar toda rendija que facilite este hecho delictivo y reducir el salario de los congresistas, que es un atraco más, a la vista, a las arcas del Estado.
Orlando Salgado Ramírez- Docente IUC
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