Vuelve la polémica por el uso del glifosato en la lucha antidrogas

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

La controversia por la reanudación de las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con glifosato se ha reavivado en Colombia con el decreto del Gobierno que reglamenta dicha práctica, suspendida desde 2015 por los daños a la salud que puede causar el herbicida.

El Gobierno maneja el tema del glifosato "con pinzas" pues sabe que por un lado tiene encima los ojos de Estados Unidos y, por el otro, la oposición de sectores políticos y sociales que rechazan ese método por los riesgos para la salud y el medioambiente.

Las alternativas son la sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, estipulada en el acuerdo de paz firmado en noviembre del 2016 con la antigua guerrilla de las Farc y apoyada por los campesinos, y la erradicación manual, que involucra a numerosos policías y soldados, con frecuencia blanco de ataques armados mientras hacen esa labor.

Lluvia de críticas

La Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam) rechazan el decreto con el que se pretenden reanudar las aspersiones y mostraron su incomprensión a que el Gobierno "insista en hacer trizas el acuerdo de paz", cuando el 98% de las familias que hacen parte del Plan Nacional Integral de Sustitución (PNIS) han cumplido sus promesas de erradicación voluntaria de cultivos.

"La fumigación con glifosato es un grave error por donde se le mire: no soluciona el problema de las drogas, pone en riesgo la salud de las personas y genera múltiples afectaciones ambientales. Por ahí no es", opinó el excandidato presidencial Sergio Fajardo, posible aspirante nuevamente en las elecciones del 2022.

En el mismo sentido se manifestó Juan Fernando Cristo, que era ministro del Interior en 2015 cuando se suspendieron las aspersiones aéreas con glifosato, durante la presidencia de Juan Manuel Santos.

"Es comprobado que la fumigación con glifosato a los cultivos ilícitos causa cáncer y severos daños ambientales. Y viene después la resiembra. Es ineficaz además", dice Cristo.

El decreto aprobado por el Gobierno el lunes no significa la reanudación inmediata de las aspersiones, pues aún es necesario el visto bueno del Consejo Nacional de Estupefacientes, integrado por ministros y otros organismos como la Fiscalía y la Procuraduría, cercanos al presidente, Iván Duque, pero el debate está servido.

"El propósito del decreto es claro y es poner en ejecución la estrategia por aspersión aérea. No está claro si va a ser con glifosato porque el Gobierno dice que es una alternativa y que está buscando otras", explicó el analista Jairo Libreros, profesor de la Escuela de Gobierno de la Universidad Externado.

Fumigación con precisión

El Gobierno, por medio del ministro de Defensa, Diego Molano, asegura que la fumigación aérea, cuando se reanude, se hará con precisión para evitar daños a la salud, el medioambiente y a los cultivos de subsistencia cercanos a las zonas de aspersión.

También ha explicado que la fumigación aérea se realizará únicamente "donde hay cultivos extensivos, industriales y particularmente donde hay presencia de grupos al margen de la ley", y también fuera de parques naturales y lejos de humedales, manglares, cuerpos de agua y centros poblados.

Al respecto, Libreros, que se manifiesta contrario a la aspersión, subraya que el decreto implica poner en marcha una "política pública que a corto plazo no va a dar resultados".

Asegura que le resulta llamativo los pasos que da el Gobierno que "se tomó tres años para sacar adelante esta iniciativa y hasta ahora logró encontrar un punto intermedio entre los requerimientos de la Corte Constitucional y el programa de Gobierno, lo cual es sorprendente".

"No sé qué se buscará con ello", dice Libreros quien considera que "establecer una estrategia tan polémica, cuyos resultados son muy debatibles" cuando al presidente Duque le quedan solo 16 meses de mandato, muestra "un grado o de incompetencia o de falta de olfato político", ya que los primeros resultados se verían después de que termine su periodo presidencial.

Defensa de la salud y el medioambiente

En 2015, cuando suspendió el uso del glifosato, el Gobierno de Santos lo hizo en acatamiento de una sentencia de la Corte Constitucional basada en el argumento de que el herbicida puede ser cancerígeno para los seres humanos y causar además daños al medioambiente.

Posteriormente, en 2017, la misma Corte suspendió la fumigación aérea de cultivos ilícitos pero dejó abierta la posibilidad de volver a autorizar el glifosato en la lucha antidrogas si el Gobierno cumplía seis exigencias sanitarias ambientales.