COLPRENSA | LA PATRIA
El proyecto que ha causado polémica porque abre la posibilidad para que se le aplique el principio de oportunidad a los violadores de niños y niñas, fue discutido este miércoles en una audiencia pública de la Comisión Primera de Cámara de Representantes.
El vicefiscal general de la Nación, Jorge Fernando Perdomo, afirmó que con el proyecto se busca hacer varias reformas para dar celeridad al proceso penal acusatorio y responder a las necesidades de los colombianos.
“Hemos venido a plantear un proceso celero: establecemos la figura de un acusador privado; queremos que se establezca por primera vez en el Código de Procedimiento Penal un procedimiento especial para contravenciones que correspondería a lo que conocemos como delitos menores. El principio de oportunidad lo pontencializamos, y ampliamos también la aplicación del principio de oportunidad para otras cosas que estaban prohibidas”, afirmó.
Frente a la posibilidad de beneficiar a los violadores, el exfiscal dijo que “este proyecto no busca dar beneficios a violadores desde ningún punto de vista. Lo que busca es precisamente desarticular redes de delincuencia contra los menores, multinacionales de violadores, de proxenetas y allí es donde está enfocado este proyecto. En ningún caso beneficios para violadores”.
Para el vicefiscal, es de gran importancia la colaboración de los delincuentes en el sistema, pues se hace más eficiente. Sin embargo, el abogado Jaime Granados, dijo que el proyecto sí deja abierta la posibilidad a que con la apertura del principio de oportunidad estas personas se vean beneficiadas.
“No hay la excepción para ellos, en consecuencia lo que no está prohibido está permitido dentro del amplio marco regulatorio del código. En otras palabras, el principio de oportunidad limita qué casos no y lo que no está excluido se puede hacer y creo que sería inconveniente teniendo en cuenta, además, que hay otras situaciones de política criminal preocupantes”, dijo.
El abogado señaló que no deben tocarse los delitos que afecten a los menores de edad, ningún delito de violencia sexual e incluso se debería evitar que se beneficien las personas involucradas en graves casos de violaciones de derechos humanos.
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