Víctimas catalogan como "burla" la versión del general Montoya en la JEP

Colprensa | LA PATRIA

Este jueves, en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el general (r) Mario Montoya continúa rindiendo versión en el marco del proceso número tres, denominado muertes ilegítimamente registradas en el conflicto armado o más conocidos como ‘falsos positivos’.

La diligencia que se adelanta de manera reservada y que empezó en la mañana de este miércoles con un plantón de las víctimas, avanza, al parecer, a pasos agigantados, dado que el exmiembro del Ejército ha tenido que responder una serie de preguntas hechas por los magistrados, sobre algunos informes que reposan en sus despachos que lo mencionan.

Para las víctimas de este caso, la versión voluntaria de Montoya es una burla dado que han pasado casi cuatro años desde que la Fiscalía anunció que le imputaría cargos por al menos 10 casos de ejecuciones extrajudiciales, y año y medio desde que este general se acogiera a la JEP y firmara un compromiso de aporte a la verdad.

“Las víctimas y organizaciones de derechos humanos consideramos esta primer diligencia como una burla y un desgaste del mecanismo de justicia transicional, que tiene la tarea de investigar los más graves crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado”, señala el documento de la víctimas.

Lo que les pareció inaudito a las víctimas es que Montoya haya decidido acogerse a su derecho a guardar silencio, eludiendo la obligación que exige el Sistema Integral de Verdad Justicia Reparación y No Repetición de aportar verdad plena sobre los hechos por los que se encuentra investigado relacionados con graves violaciones a los derechos humanos.

“Esta verdad debe ser plena, completa y exhaustiva, como lo exige la normatividad nacional y los estándares internacionales que reconocen los derechos de las víctimas, aún en procesos de justicia transicional”, señalaron en el documento.

Las víctimas anunciaron que el derecho de guardar silencio es contrario al compromiso de aportar a la verdad, según lo previsto en el Acuerdo de Paz, que dispone que “para acceder al tratamiento especial previsto en el componente de Justicia del SIVJRNR es necesario aportar verdad plena, reparar a las víctimas y garantizar la no repetición. Aportar verdad plena significa relatar, cuando se disponga de los elementos para ello, de manera exhaustiva y detallada las conductas cometidas y las circunstancias de su comisión, así como las informaciones necesarias y suficientes para atribuir responsabilidades, para así garantizar la satisfacción de los derechos de las víctimas a la reparación y a la no repetición”.

Para las víctimas, Montoya Uribe se acogió a un mecanismo que exige que para beneficiarse con rebajas de penas se deben satisfacer los derechos de las víctimas y colaborar efectivamente con el esclarecimiento de graves violaciones de los derechos humanos.

Quienes se sienten vulnerados por tales hechos anunciaron que existen, al menos, 18 versiones voluntarias rendidas hasta hoy por quienes fueron ejecutores materiales y otros altos mandos del Ejército sometidos a la JEP, que han señalado a Montoya Uribe como quien instigó al personal militar para cometer este tipo de delitos, a través de expresiones que, a juicio de las víctimas, "inequívocamente" los llevaron a cometer asesinatos de manera masiva y sistemática.

“En las versiones se han escuchado frases como “necesitamos resultados, litros de sangre”, “La guerra en Colombia se mide en litros de sangre”, y “las bajas no es lo más importante, es lo único”, expresadas de manera repetida a través de las comunicaciones del Ejército en hechos ya documentados ante la JEP, que también han sido de público conocimiento", anunciaron.

De acuerdo con las víctimas, las 209 versiones voluntarias rendidas hasta hoy en el caso 003 han permitido identificar la existencia de patrones como la alianza con paramilitares para cometer los crímenes, la utilización de informantes, la construcción de una narrativa común para negar los hechos, el uso, en varias unidades militares del llamado “kit” de legalización -usado para dar apariencia de combate a las ejecuciones extrajudiciales y así uniformar y armar a las víctimas asesinadas-, la alteración de órdenes de batallas y otros documentos oficiales, así como irregularidades en pagos de recompensas, además de las acciones para encubrir dichas prácticas criminales.

Para las víctimas, todos estos patrones demuestran que se trató de una práctica planificada y generalizada que se presentó en casi la totalidad de departamentos del país y de la cual no pudo estar ajena al máximo comandante del ejército nacional, así como tampoco las instancias militares superiores y el gobierno nacional.

Por eso para las víctimas y sus representantes no tiene ningún sentido que el general Montoya Uribe se acoja a un mecanismo de justicia transicional sin ningún ánimo de contribuir a la verdad, que es máximo pilar del SIVJRNR para esclarecer y juzgar a los máximos responsables de los crímenes más graves y representativos cometidos en el contexto del conflicto armado.

“Por todo lo anterior, solicitamos a la Jurisdicción Especial para la Paz que tome decisiones frente a la estrategia de dilación y a la negativa de hacer aportes reales a la verdad por parte del Gr. (r) Montoya Uribe, teniendo en cuenta que este es el requisito de acceso a la JEP y de cumplimiento del régimen de condicionalidad impuesto cuando se sometió voluntariamente”, dicen en el documento.

Finalmente, las víctimas le exigieron a la Fiscalía continuar con las investigaciones que adelantan varias Fiscalías delegadas ante la Corte Suprema de Justicia, en relación con los casos de ejecuciones extrajudiciales, así como por otros hechos como las desapariciones forzadas ocurridas en la Comuna 13 en Medellín (Antioquia), en el desarrollo y posterior consolidación de la Operación Orión, los nexos con grupos paramilitares, entre otros.