Argemiro Piñeros Moreno
COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
Tras más de un año de anuncios, procesos judiciales y luchas políticas que amenazan la salida de uno de sus socios políticos de la Unidad Nacional, el próximo miércoles el presidente Juan Manuel Santos estaría concretando uno de sus proyectos financieros más importantes: la venta de la participación accionaria que tiene el Estado en Isagén.
Hasta el momento esta enajenación ha dejado más dudas que claridades sobre el proceso, y no solo por lo que tiene que ver con la defensa del gobierno para la venta de esa participación accionaria, sino también porque quienes se oponen a la misma no se han expresado con toda la verdad.
Lucha jurídica
La lucha jurídica que debió dar el Gobierno Santos para hacer realidad la subasta de este paquete accionario arrancó desde el 2013 cuando hizo públicos los decretos 1609 y 2316 con los que inició el trámite de la venta. De inmediato, sectores de los trabajadores, políticos de izquierda y pequeños propietarios anunciaron que emprenderían esa lucha en los estrados judiciales para que se cayera definitivamente la venta.
Tras algunas demandas, el Consejo de Estado procedió a frenar la enajenación, mientras que evaluaba si realmente el gobierno estaba poniendo en riesgo el patrimonio energético del país. En septiembre del año pasado falló a favor del Ejecutivo y dijo que no se estaba violando lo ordenado por la Constitución.
Batalla económica
Desde el primer momento en que se acordó por el consejo de ministros que se vendería esa participación accionaria, el Gobierno informó que el dinero a recaudar sería para la construcción de las vías de cuarta generación, pero no para destinar los recursos a cubrir el hueco fiscal. Desde la oposición del Centro Democrático, se ha mostrado esa venta como la necesidad de cubrir el déficit de dinero que tiene la administración Santos.
En muchas ocasiones el presidente Santos ha defendido la venta, así como lo hizo la presente semana cuando salió a calificarla como un "muy buen negocio" para todos los colombianos.
Lo que se haría
* Doble calzada entre Ibagué y Cajamarca.
* Doble calzada entre Chirajara y Villavicencio.
* Doble calzada entre Barbosa y Cisneros, incluyendo los dos nuevos túneles de La Quiebra.
* Doble calzada entre Galapa y Bayunca.
* Doble calzada entre Ciénaga y el Puente Pumarejo.
Participación accionaria
La actual composición accionaria señala que el Estado, por intermedio del Ministerio de Hacienda tiene el 57,61%, seguido de Empresas Públicas de Medellín, EPM, con el 13,14%; los fondos de pensiones con 12,54%; mientras en el resto del ponqué se lo reparten entre el denominado grupo de minoritarios locales con el 9,02% y el de los minoritarios extranjeros con el 7,69%.
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