Vacíos en la ley liberan a 12 mil presos

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Cerca de 12 mil internos quedaron ayer en libertad debido a que no se han resuelto sus situaciones jurídicas. Así lo establece la ley 1786 de 2016, la misma que fue prorrogada por un año, pues debía haber entrado en vigor el 6 de julio de 2015 (ley 1760).

Hace un mes lo advirtió Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación. "Sin atender la realidad procesal del país, se establecieron normas en las que las medidas de aseguramiento no deben tener más de un año". Él rechaza la posibilidad dispuesta con dicha normativa. "Eso va a dar lugar a excarcelaciones masivas".

Según Martínez, las audiencias de juzgamiento no se hacen en un año y serán en la medida que el ente acusador sea más efectivo. Afirma que el problema para el sistema penal acusatorio será mayor.

Lo cierto es que a la fecha más de 100.000 audiencias están represadas por cuenta de la falta de alternativas del sistema judicial. "El número de jueces en 1994, cuando yo era ministro de Justicia, es prácticamente el mismo que existe hoy, 23 años después", explica.

Con la afirmación coincidió el presidente de la Corte Suprema de Justicia, magistrado Rigoberto Echeverry: "Esa ley se sacó hace dos años para solucionar la congestión en las cárceles, pero lo único que se ha hecho es postergar su entrada en vigencia por un año. No se ha hecho nada y en el sistema penal hay problemas coyunturales", Echeverry.

Ante estos cuestionamientos el exministro de Justicia Yesid Reyes aseguró que el aplazamiento buscó dar más tiempo a las entidades para depurar con facilidad los procesos judiciales de mayor complejidad.

Reyes aseguró que quienes recuperaron su libertad son los señalados de incurrir en delitos catalogados como leves: hurto, microtráfico, maltrato, injuria, estafa y usurpación, entre otros.

"Si bien es cierto hay personas esperando por un juicio, ellos no deben cargar la crítica situación que padece la justicia", exministro de Justicia, Yesid Reyes precisó Reyes.

Viabilidad de la ley

La representante a la Cámara Ángela María Robledo, quien presentó reparos a la norma, considera que es viable en la medida en que soluciona el hacinamiento carcelario.

"La ley es un paso más que debe dar la justicia colombiana, pues muchos de los ahora detenidos no pueden ser castigados por la negligencia de los jueces", precisó la congresista. Agregó que es importante que las entidades de seguridad y de justicia revisen cada caso, tal como está sucediendo con los amnistiados de la guerrilla de lasFarc y que la justicia debe hacer análisis sobre los delitos catalogados como leves.

También arremetió contra Fiscalía: “La entidad ha sido reforzada financieramente para depurar los procesos judiciales, por lo que no tienen ninguna excusa para no avanzar en su trabajo". Recordó que, ante las preocupaciones de los colombianos por la seguridad tras concederse las referidas libertades, la Policía está en la obligación de velar por la protección de los ciudadanos en el territorio nacional.

"La preocupación de los colombianos no debe ser el aumento de la inseguridad por cuenta de la excarcelación masiva, sino la falta de planes de vigilancia por parte de las autoridades locales". Ariel Ávila, subdirector de la Fundación Paz y Reconciliación.

Falencias en la justicia

Juan Carlos Ruiz, experto en seguridad, considera que el sistema de justicia está colapsado por los altos niveles de impunidad y corrupción en las entidades del Estado,que esta ley es tan solo “un pañito de agua tibia”.

Para él, es necesario la creación de un Ministerio de Seguridad Pública que reglamente los derechos de los procesados en el país, que oscilan entre 100.000 y 120.000 reclusos.

En criterio del abogado penalista Francisco Bernate, lo que busca el Gobierno es cumplirle a la Corte Constitucional y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos que consideran que un ser humano no puede ser privado de su libertad sin tener pruebas de su culpabilidad.

"Para la justicia colombiana se ha convertido en una práctica común no respetar la presunción de inocencia de los detenidos". Explica que el error recae en medio de un proceso "acá en Colombia se detiene, se lleva a la cárcel y luego se investiga, eso no debe pasar".

En datos

- La ley que empezó a regir desde ayer se creó con el fin de evitar que inocentes paguen días y hasta años de cárcel sin que sean condenados como culpables o inocentes. Por cuenta de privaciones injustificadas de la libertad, el Gobierno enfrenta demandas que rondan los 45 mil millones de pesos.

- En relación con estos casos, los abogados Ruiz y Bernate coincidieron en que el Estado debe reparar monetariamente a las personas privadas de la libertad sin ser culpables.