Top 10 de las cárceles más hacinadas

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

La Defensoría del Pueblo a través de su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, elaboró un diagnóstico sobre la problemática en los 10 centros de reclusión con mayor índice de hacinamiento en el país, y de acuerdo con la preocupación sobre la situación de derechos humanos en estas prisiones.

Sobre la regional norte del Inpec, la cual cobija a Bolívar, Atlántico, Cesar, Córdoba, Sucre y San Andrés, la institución explicó que no hay ningún centro de reclusión de carácter nacional para la población femenina.

Por la operación reglamento en el Inpec y el paro judicial, la Defensoría hace un llamado sobre la problemática de derechos humanos en las cárceles, y sobre los centros de detención transitoria, que en el caso de Bogotá fueron visitados por la Defensoría del Pueblo el fin de semana.

El defensor, Jorge Armando Otálora, señaló que en el caso de las URI como en las estaciones de Policía, el hacinamiento es superior al 100% y por tanto hubo una reunión con funcionarios del alto Gobierno en la Presidencia de la República para conocer avances, que han significado la suspensión de más de 30 mil audiencias a nivel nacional, así como la parálisis de reseñas y remisiones, en perjuicio de los derechos humanos.

1. La cárcel de Riohacha: un establecimiento penitenciario de mediana seguridad, tiene el primer lugar, su capacidad es para 100 internos, allí hay una población de 578, es decir un hacinamiento del 478%. La planta eléctrica en ese penal fue instalada hace 20 años, está deteriorada y la carga se ha triplicado, lo que indica un elevado nivel de riesgo para corto circuito, también se le suman las duchas, albercas e inodoros que permanecen en condiciones deplorables, lo que es un motivo adverso a la salubridad.

El suministro de agua, solo se provee ente las 5:00 y las 7:00 de la mañana, y de 2:00 a 4:00 de la tarde. Solo tiene un profesional de la salud que presta sus servicios cuatro horas de lunes a viernes, y por ello hay un represamiento en las citas con especialistas.

2. La cárcel de Santa Marta: es la segunda cárcel con mayor hacinamiento, tiene una capacidad para 312 internos y una población de 1.393, es decir un índice superior al 346%. El edificio tiene más de 70 años, solo tiene un pabellón dividido en pasillos, la estructura física según la Defensoría está deteriorada en un 100%. El año pasado, el 17 de julio, se presentó un corto circuito en el establecimiento.

3. La Cárcel de Magangué: en el departamento de Bolívar, está en el tercer lugar de hacinamiento, el centro de reclusión tiene capacidad para 56 internos, pero hay 249 recluidos, lo que quiere decir que hay un hacinamiento del 344 %. Según la entidad; la enfermería, los talleres, el rancho y algunos pasillos de la Unidad de Tratamiento Especial son usados como dormitorios, incluso han habilitado baños como celdas durante la noche. Hay incluso ventiladores sin caparazón, colgando de las rejas de las puertas y ventanas. En cuanto al servicio médico este se presta externamente, pues no hay contrato con Caprecom y las demoras en temas urgentes y cirugías son hasta de un año.

4. La cárcel de Valledupar: tiene capacidad para 256 reclusos y una población de 954, el hacinamiento es del 273%, no tiene un sistema adecuado de acueducto que permita el acceso al servicio en todas las torres de manera constante.

Las habitaciones conyugales, y su concepción, violan el derecho a la intimidad, el piso está inundado en varios sectores y existen en su contra más de 300 tutelas represadas por falta de autorización en las órdenes médicas.

5. La cárcel de Villahermosa: está en Cali y tiene capacidad para 1.667 internos, pero cuenta con 6.128, es decir que el hacinamiento es del 267%. Tiene condiciones de humedad notorias, el promedio de acceso a baños es de una ducha y un sanitario por cada 200 reclusos. Tiene fallas en el suministro de medicamentos y los 75 internos de la Unidad de Salud Mental, que debieron ser trasladados a Jamundí, solo reciben visita siquiátrica cada 30 días en jornadas de medio tiempo.

6. El establecimiento penitenciario de mediana seguridad de Caloto, en el Cauca: tiene el sexto lugar, tiene capacidad para 48 internos, pero cuenta con 164, para una sobrepoblación del 242%. Este penal no cuenta con red hospitalaria externa para la atención de los reclusos.

7. La cárcel La Paz de Itagüí: posee una capacidad para 328 personas y una ocupación de 966, alcanza un hacinamiento del 194% y carece de personal médico suficiente para la atención de los internos.

8. La cárcel El Bosque de Barranquilla: tiene un albergue para 640 reclusos, pero la habitan 1.768, es decir un hacinamiento del 176%, presenta serias dificultades para los derechos humanos de los internos. El 31 de octubre falleció uno de ellos por un cuadro de varicela, que al parecer no fue tratado oportunamente; dos internos más y dos miembros del cuerpo de custodia estarían afectados por el virus, que amenaza con propagarse. A mediados de este año, en junio, ocurrió un grave incendio que dejó seis heridos y afectó la infraestructura.

9. La cárcel Villa Inés de Apartadó: tiene capacidad para 296 personas, pero hay 797 y el hacinamiento llega al 169%; tiene proliferación de roedores e insectos, y es un foco de enfermedades, lo que ha obligado a los procesos de fumigación que afectan la salud de los internos. Para el 31 de agosto de este año, había 148 citas médicas pendientes con especialista, y otras 100 con médico general y procedimientos de rayos X, que están represadas.

10. La cárcel Anayancy de Quibdó: tiene capacidad es para 286 reclusos pero conviven 721 y el hacinamiento es del 152%, presenta un alto riesgo de incendio y corto circuito pues el cableado está expuesto y está en pésimas condiciones; la Unidad de Tratamiento Especial solo cuenta con dos celdas carentes de iluminación, y a sus ocupantes solo se les permite tomar el sol 15 minutos de lunes a jueves y una hora los viernes. El pasado 10 de julio, la Defensoría instauró una acción de tutela para proteger los derechos a la salud, la vida y la integridad humana en ese penal, y el 10 de septiembre la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura ordenó la implementación de un plan integral para asegurar la asistencia médica de los reclusos.