Efe | LA PATRIA |Bogotá
La Procuraduría de Colombia suspendió, de manera preventiva, al gobernador del departamento del Chocó por supuestas irregularidades en un contrato firmado durante la emergencia sanitaria del coronavirus.
El contrato, por $2 mil millones (unos 495.000 dólares), fue firmado entre el mandatario local, Ariel Palacios Calderón, y la Fundación Chocó Saludable para "prestar los servicios a través de una jornada de salud" para la prevención frente a la amenaza de la covid-19.
Según el procurador general, Fernando Carrillo, "se trata de actividades que no tienen ninguna prioridad ni ninguna relación con la pandemia" y añadió que el objeto de la fundación "no da para cumplir lo que está contenido en los pliegos".
El más pobre
El Chocó es el departamento con mayor índice de pobreza monetaria (58%) del país, según el Departamento Nacional de Planeación; y solo cuenta con seis hospitales de primer nivel (básico) para atender a 30 municipios y uno de segunda categoría (intermedio) para más de 530 mil habitantes.
Las 27 camas de sus tres Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), fundamentales en esta pandemia, no solo pertenecen al sistema de salud privado, sino que están permanentemente ocupadas.
Además, los profesionales de la salud del departamento denuncian constantemente el incumplimiento de los pagos y la precaria infraestructura con la que cuentan para atender la emergencia, que ya deja 10 contagios en el Chocó.
Ante las circunstancias, el procurador aseguró que es inédita la corrupción que se ha vivido en el país durante las últimas semanas por cuenta de la mala utilización de los recursos públicos.
Indagan en 14 departamentos
La Procuraduría, la Fiscalía y la Contraloría anunciaron las primeras medidas disciplinarias, fiscales y penales que tomaron durante la contingencia.
Los tres entes de control encontraron anomalías por $135 mil millones (casi 33,4 millones de dólares) en más de 50 contratos en todo el país.
La Procuraduría abrió 24 expedientes por presuntas irregularidades en las gobernaciones de Chocó, San Andrés, Magdalena, Tolima, Risaralda, Quindío, Valle del Cauca, La Guajira, Atlántico, Cesar, Sucre, Arauca y Casanare, así como 70 procesos en 55 alcaldías.
Los entes de control también avanzan en tres procesos de juicios disciplinarios por irregularidades en la Gobernación de Arauca y las alcaldías de Socorro (Santander) y Guaduas en Cundinamarca.
Además, fue suspendido el alcalde de Calarcá (Quindío), Luis Alberto Balsero, por las presuntas irregularidades encontradas en un contrato de $369 millones para la provisión de kits de alimentos.
Las causas
La contratación irregular, los sobrecostos en la adquisición de ayudas alimentarias y elementos de protección, transgresión de la medida de aislamiento obligatorio, vulneración de la población penitenciaria y extraliminatación de funciones.
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