Sin decisión sobre matrimonio igualitario

ALEJANDRA BONILLA Y KATHERINE VEGA

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

“¿Por qué se atreven a hacernos la pregunta de por qué queremos casarnos? ¿Les parecer muy ilegítimo que aspiremos a la igualdad? ¿Les parece un capricho? Nosotros como población Lgtbi, merecemos respeto”. Con estas palabras, Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa, dejó claro que para la comunidad Lgtbi acceder al matrimonio igualitario es cuestión de derechos y que ya es hora de que así sea considerado jurídicamente.

Este fue el tema de debate ayer en la Corte Constitucional en la audiencia pública sobre si las parejas del mismo sexo pueden casarse.

El lío de fondo está, no en si ellas pueden ser familia, pues esto ya lo determinó la Corte Constitucional en la sentencia C-577 del 2011. El debate se centra en cómo interpretar una orden de esa misma sentencia que decía que si el Congreso no regulaba el tema en un plazo de dos años, las parejas del mismo sexo podían acudir a notarios o jueces a solemnizar su unión.

En palabras de jueces, notarios y expertos que acudieron a la audiencia, fue la misma Corte la que armó el “entuerto” por no ser clara y no decir cuál sería ese vínculo contractual. Un notario, por ejemplo, dijo que tenía que ser un contrato válido como escritura pública, pero no un matrimonio civil porque sigue intacto el artículo de la Constitución que dice que solo puede realizarse entre un hombre y una mujer.

En cambio, una jueza señaló que la única vía válida era un contrato civil de matrimonio pues es el único que tiene todos los efectos jurídicos plenos y que hacerlo mediante otro contrato, sería una burla para las parejas del mismo sexo, si se trata de proteger los derechos de la comunidad Lgtbi.

A favor

Lo trascendental de la decisión que está por tomar la Corte Constitucional es innegable y, en este sentido, ya el Gobierno Nacional da su voz a favor del matrimonio igualitario. Eso sí, hay varios matices que resaltar pues por un lado, Juan Fernando Cristo, ministro del Interior, no dijo nunca directamente a la Corte que aprobara el matrimonio, pero sí dijo que tiene que haber un “vínculo contractual solemne y marital", que sea análogo al del matrimonio y que tenga todos los efectos legales de éste mientras el Congreso legisla sobre el tema.

El ministro de Justicia, Yesid Reyes, dijo que es la Corte la que debe pronunciarse porque no se puede seguir aplazando la satisfacción de los derechos fundamentales de una población, en referencia a la falta de operatividad del Congreso.

Reyes dijo que no existe argumento para no hacerlo, pues desde el punto de vista estrictamente jurídico ambas constituyen familia y todas las uniones deben contar con los mismos instrumentos jurídicos.

Una posición, incluso más diciente al respecto, la sentó el director de la ONG DeJusticia, Rodrigo Uprimny, quien dijo que hace 20 años hubiera sido un avance la unión solemne para parejas gais, pero que hoy, en cambio, sería la consolidación de un “apartheid" por orientación sexual porque se le estaría privando de derechos a cierto tipo de la población.

En medio del debate, la Procuraduría General, ampliamente criticada por la comunidad Lgtbi dijo que su defensa de la “institución natural” del matrimonio entre hombre y mujer es netamente constitucional y no un acto de discriminación.

No obstante, le pidió al Congreso y al propio Gobierno que impulse una legislación sistemática de los derechos de la comunidad Lgtbi bien sea por una Asamblea Nacional Constituyente, por un acto reformatorio de la Constitución o por un referendo para que sea la ciudadanía se pronuncie.

El magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub se comprometió a entregar la ponencia de este trámite en un plazo no mayor a 30 días para que sea debatido de nuevo por la Sala Plena de la Corporación. Lo trascendental estará en si la Corte aprueba el matrimonio igualitario de una vez o envía el tema de nuevo al Congreso.

Destacado

La definición sobre si Colombia aprueba o no el matrimonio igualitario está en la mira de varios organismos internacionales como Human Rights Watch que, a través de José Miguel Vivanco, señaló que no hay razón para no permitirlo a fin de que se elimine la discriminación de la comunidad Lgtbi y que, si no la hace, podría entrar a responder ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos.