Siguen las denuncias contra la cúpula del Ejército

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

Denuncias de corrupción contra generales del Ejército que son investigadas por la Fiscalía y la Procuraduría provocaron una nueva persecución en las Fuerzas Armadas, como ya ocurrió con quienes advirtieron del posible retorno de las ejecuciones.

Así lo reveló ayer la revista Semana en un reportaje para el que conversó con militares, la mayoría de los cuales mantuvieron su nombre en reserva por seguridad, sobre las investigaciones que se llevan a cabo en contra de dos generales del Ejército.

Semana indicó que cuatro militares confirmaron a la revista que el jefe del Comando de Apoyo de Contrainteligencia (Cacim), general Eduardo Quiroz, ofreció a sus hombres recompensas por información sobre quién filtra información del Ejército a la prensa.

"El que me traiga quiénes son los que están filtrando la información de lo que está saliendo en la prensa le damos 100 millones de pesos o seis meses de permiso", dijo Quiroz el 7 de junio a miembros de la contrainteligencia del Ejército, según la revista.

La publicación señaló en un especial que lleva por título Las ovejas negras del Ejército, una investigación compromete al segundo comandante del Ejército, general Adelmo Fajardo, cuyos subalternos contaron a los investigadores judiciales que debían darle dinero del presupuesto de la institución para sus gastos personales.

Esto ocurrió cuando el general Fajardo era el jefe del Comando de Educación y Doctrina del Ejército (Cedoc) entre 2016 y 2017.

La publicación señala que un oficial tuvo que entregarle "irregularmente" alrededor de 2.500 dólares para los gastos de un viaje personal que hizo a Estados Unidos.

El denunciante agregó que esos gastos eran presentados como de otras actividades para darles apariencia de legalidad.

La revista recordó que estas no son las primeras acusaciones de corrupción contra el general Fajardo, pues en 2014 se denunció que cuando era comandante de la Décima Brigada le prestó un helicóptero Black Hawk al entonces procurador delegado para las Fuerzas Militares, Eduardo Campo Soto, para unas vacaciones familiares.

El funcionario del Ministerio Público lo investigaba en esa época por "mal uso y destinación de bienes del Estado".

El otro caso que desveló Semana es el del general Jorge Romero, a quien la Fiscalía investiga por posibles malos manejos de presupuesto que suman cerca de 1.000 millones de pesos gracias a las denuncias de un empresario.

Esto ocurrió, según la publicación, cuando Romero era comandante de la Cuarta Brigada del Ejército y el dinero que debía ser utilizado en el mantenimiento de los vehículos de la institución fue desviado al parecer por medio de "maniobras ilegales en las que estuvieron involucrados otros altos oficiales a su cargo".

El general Romero, que actualmente es el jefe del Comando de Apoyo Integral y Desarrollo, también "habría montado en la Cuarta Brigada" un esquema para recibir dinero a cambio de la entrega de los permisos de porte de armas.

Polémicos formatos

Semana publicó además formatos diligenciados que enviaban los oficiales al comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, sobre los objetivos operacionales trazados por las tropas.

En esos formatos se ve que los militares debían hacer una proyección para duplicar los resultados operacionales de su tropa, lo que revivió en el país el fantasma de las ejecuciones de civiles.

Esta polémica comenzó en mayo pasado cuando The New York Times publicó un artículo del periodista Nicholas Casey según el cual el Gobierno está ejecutando "otra encarnación" de los "falsos positivos", crímenes cometidos por militares que presentaban a civiles como guerrilleros abatidos en combate para lograr premios y permisos de sus superiores.

Hasta el momento la Fiscalía ha investigado cerca de 5 mil casos de "falsos positivos" que implican a unos 1.500 militares y que fueron cometidos entre 1988 y 2014.

De estos, 2 mil 200 casos fueron remitidos a la Justicia Especial para la Paz (JEP), que se encarga de juzgar los crímenes cometidos con ocasión del conflicto armado.

La ONU calcula que son unos 4.200 los casos de "falsos positivos" investigados en el país.

El 21 de mayo, el general Martínez manifestó que se cambiaría la polémica directriz porque considera que hubo "mala interpretación" por personas ajenas a la institución, lo que no acabó la controversia sobre las órdenes que reciben los militares.