Se desconoce el paradero del exsenador Martínez

COLPRENSA|LA PATRIA|CALI

El paradero del exsenador Juan Carlos Martínez Sinisterra es incierto. El fiscal 24 de la Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima (Unaim) dictó ayer orden de captura en su contra, un día después de haber quedado en libertad condicional.

En la mañana de ayer, miembros de la vigilancia del conjunto residencial donde vive Martínez aseguraron que el exparlamentario salió en horas de la madrugada.

Su residencia, ubicada en Colinas de Arroyohondo, en Dapa, dejó de ser un recinto privado para convertirse en un establecimiento público donde buses llenos de simpatizantes y allegados llegan para manifestar su apoyo al exsenador con arengas y pancartas y evitar nuevamente su captura.

Hasta pasadas las 4:00 de la tarde podían contarse cerca de 300 personas, quienes bloquearon por 10 minutos la vía.

Luz Estela López, allegada a Juan Carlos Martínez, dijo que se trata de un caso de "persecución política y racismo", pues "acaban de otorgarle libertad condicional y ya hay una nueva orden de captura".

"Lo único que queremos hacer es respaldar al exsenador, independiente de la persecución política que enfrenta", dijo López, al agregar que las personas que han llegado provienen de Pradera y Candelaria, aunque se esperaba la presencia de más personas de otros sectores del Valle del Cauca.

Asimismo, el excandidato a la Alcaldía de Pradera José Celio Bravo sostuvo que esa persecución también se evidencia en que "los políticos que sí han estado involucrados con narcotráfico y paramilitares en la región no están en este momento en la cárcel", pero no dio nombres.

Lo acompañan

La multitud de seguidores se volcó sobre la entrada de la residencia para evitar que los agentes del CTI de la Fiscalía, a bordo de tres vehículos, ingresaran a buscar al exsenador condenado por parapolítica.

Los agentes ingresaron hacia las 2:40 de la tarde a la casa del excongresista con una orden de allanamiento para notificarle sobre la orden de captura y hacerla efectiva, pero este no se encontraba en el lugar.

Versiones de personas allegadas aseguran que Martínez está "en algún lugar de Cali" e, incluso, el exconcejal de Cali por el partido PIN y allegado al excongresista Edison Bioscar Ruiz señaló que él no está en su residencia, pero se encuentra reunido con sus abogados para preparar su entrega a las autoridades en las próximas horas.

"Están discutiendo sobre lo que viene en este proceso, ya que él va a actuar conforme a la justicia", expresó Ruiz, quien hizo su pronunciamiento desde el conjunto residencial donde vive Martínez.

Según confirmó el área de comunicaciones de la Fiscalía, la detención de Juan Carlos Martínez tiene fines de indagatoria, es decir, para que el excongresista rinda versión ante la Unidad Antinarcóticos de la Fiscalía en un proceso relacionado con narcotráfico.

La Fiscalía General de la Nación informó que el desmovilizado jefe paramilitar, Armando Lugo, vinculó al exparlamentario con narcotráfico y el exjefe paramilitar Ever Veloza García, alias ‘HH', extraditado a Estados Unidos en el 2009, durante una declaración entregada a Justicia y Paz.

Según el fiscal general, Eduardo Montealegre, la entidad continuará con las investigaciones y, una vez se evalúe la indagatoria, se determinará si se cobija a Martínez con medida de aseguramiento.

La libertad condicional

La juez quinta de ejecución de penas de Cali, Sugei Roxina Tigreros, le otorgó la libertad condicional al político vallecaucano, tras haber cumplido 38 meses de prisión, es decir las 3/5 partes de su condena.

Martínez, quien fue capturado en Bogotá en abril del 2009, tenía los beneficios de rebaja de pena por buen comportamiento y estudio, además de tener la casa por cárcel desde marzo pasado, luego de la muerte de su esposa el 27 de febrero pasado, quien había recibido un trasplante de hígado.

El político acreditó 2 mil 125 horas de estudio y trabajo en la cárcel, como tecnólogo de producción agropecuaria y ecológica, título que le fue otorgado por el Inpec. Esto le permitió una rebaja de pena de 13 meses y 18 días, de su condena inicial de siete años y medio.

El excongresista había sido condenado por la Corte Suprema de Justicia por sus nexos con el Bloque Calima de las Autodefensas y narcotraficantes del cartel del Norte del Valle.

En esa ocasión, el fallo de la Corte Suprema estuvo basado en los testimonios de un grupo de narcotraficantes confesos, que dijeron haberle pagado al Bloque Calima para que obligara a los electores de su zona de influencia a votar por el excongresista en las elecciones para el Senado del 2002.