Santos rechazó ley a favor de madres comunitarias

COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ

Argumentando razones de inconstitucionalidad e inconveniencia, el presidente, Juan Manuel Santos, decidió no sancionar el proyecto de ley que vinculaba como trabajadoras formales del Estado a cerca de 55 mil madres comunitarias que prestan atención a los menores del ICBF.

Cristina Plazas, directora del instituto, aseguró que las madres comunitarias continúan gozando de todos los derechos, pese a que se haya objetado la ley que ordenaba su contratación. A la vez que manifestó que esa ley hubiera quebrado al ICBF.

“El proyecto de ley no habla de formalización. Lo que busca es que las madres comunitarias sean contratadas directamente, es decir, que se conviertan en servidoras públicas y esto quiere decir que se creen 64 mil nuevos puestos en la planta de personal, lo que le costaría al instituto 800 mil millones de pesos. Con estos recursos atenderíamos a 400 mil niños”, sostuvo.

Recordó igualmente que las madres comunitarias cuentan con otros beneficios que no se verán afectados con la objeción del proyecto, entre ellos el acceso preferencial para el subsidio de vivienda en la modalidad de compra de inmueble nuevo o mejoras y préstamos en el Fondo Nacional del Ahorro con una antigüedad de tan solo seis meses, mientras que para el resto de colombianos es de mínimo un año. Así mismo, sus inmuebles son categorizados en servicios públicos como estrato uno.

La directora del ICBF manifestó que la entidad le pidió a la Corte Constitucional ampliar el plazo para el cumplimiento de la sentencia T-480 de 2016 que ordenó el pago de las prestaciones a 106 madres comunitarias, porque se debe realizar una búsqueda de información que no depende únicamente del instituto, sino de otras entidades públicas y privadas.