LA PATRIA | Colprensa
Desde La Guajira, en donde los jefes negociadores de las Farc estuvieron esta semana haciendo actos públicos de proselitismo, el presidente de la República, Juan Manuel Santos, fijó un ultimátum para que al 23 de marzo próximo se termine la negociación que se adelanta con su Gobierno.
Santos notificó punto a punto qué es lo que le falta a la mesa definir y se refirió a cuatro líneas rojas no negociables. La primera es el mecanismo de refrendación y al respecto manifestó que la Constituyente no es ni puede ser un mecanismo de refrendación.
Otro punto es el cese al fuego y hostilidades definitivo, como también el cronograma preciso para la dejación de las armas, con verificación de la ONU. En este caso, Santos les advirtió que no podrá haber proselitismo político, ni tendrán efecto los beneficios jurídicos mientras las Farc estén armadas.
El presidente dijo que en la mesa se está definiendo el número razonable y práctico de las zonas donde se ubicarán las Farc durante el proceso de dejación de armas. “Recordemos que no hay sitios vedados para la Fuerza Pública" y declaró que por ningún motivo en esas zonas podrá haber población civil.
El cuarto asunto que compromete a la mesa por estos días es el sistema de elección de los magistrados del Tribunal Especial en la Justicia Transicional. Santos señaló que bajo ninguna circunstancia los miembros del Tribunal podrán ser sugeridos por las Farc y deberán ser designados por terceros que gocen de toda legitimidad nacional e internacional.
El Presidente de la República le notificó a la guerrilla que para definir estos puntos tan sólo se requiere decisión política. “Esos temas deben estar resueltos antes de la fecha acordada. "De no ser así, los colombianos entenderemos que las Farc no estaban preparadas para la paz”.
Nada de política con armas
Frento a lo que sucedió en el corregimiento de Conejo sostuvo: “que les quede claro a las Farc y a todos los colombianos: no vamos a permitir hacer política con armas. Lo que sucedió ayer (jueves) aquí en La Guajira es inaceptable y va en contravía de lo que buscamos con el proceso de paz: romper definitivamente el vínculo entre armas y política”.
No dudó en decir que esa situación afectó la confianza en que se venía construyendo el proceso en sus últimos meses, “no solamente violaron las reglas y los protocolos, sino que es un duro golpe a la confianza depositada en la negociación y a la confianza de los colombianos en el proceso”.
Finalmente, el presidente Santos dijo: “pueden estar tranquilos los habitantes de La Guajira y de todo Colombia: no habrá guerrilleros paseándose armados por las calles de ningún municipio. Lo que sucedió no se volverá a repetir. Bajo ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. ¡no lo voy a permitir!”, concluyó.
Reacción injustificada
En respuesta, el grupo guerrillero invitó al Gobierno Nacional a solucionar la situación y afirmaron que la polémica que suscitó la visita de los jefes guerrilleros Iván Márquez, Joaquín Gómez y Jesús Santrich al corregimiento de Conejo en La Guajira, y donde se evidenció que eran escoltados por combatientes armados de sus filas, es injustificada y generada por quienes van en contra de la paz.
"Se indignan los pregoneros de la continuación de la guerra, porque nuestros voceros llegan desde La Habana con un mensaje de paz y reconciliación a uno de los departamentos más castigados por el olvido y la corrupción de las élites gobernantes", manifestaron.
Afirmaron que no se puede argumentar sobre inexistentes compromisos en los protocolos acordados por las partes y que estos "pregoneros" pretenden aislar a su delegación: "Tras el manido argumento del proselitismo armado, se pretende imponer el aislamiento de nuestra delegación y la prohibición de interactuar con los distintos sectores de la sociedad interesados en conocer los desarrollos del proceso".
Y agregaron: "Ante la embestida guerrerista lo que se impone es la más amplia movilización del pueblo colombiano en defensa de su derecho a la paz con justicia social, democracia y soberanía".
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