El presidente firmó la Ley 1566, que según resaltó en su cuenta de Twitter el senador Juan Manuel Galán del Partido Liberal, "reconoce la enfermedad y garantiza el tratamiento integral".
El texto arranca con el siguiente párrafo: "reconózcase que el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas, lícitas o ilícitas es un asunto de salud pública y bienestar de la familia, la comunidad y los individuos".
Por lo tanto, añade que los drogadictos deben ser tratados como enfermos y tienen derecho de pedir de manera voluntaria y recibir una "atención integral por parte del Estado", que queda incluida en el Plan Obligatorio de Salud (POS) y no supondrá recobro alguno por parte de las EPS.
Hasta ahora, los adictos sólo podían obtener ayuda, tanto enfocada hacia la rehabilitación como para su tratamiento terapéutico, a través de acciones de tutela.
Con esta ley, el Estado tiene también la obligación de formar médicos especializados para atender la salud mental de los adictos a las drogas, al tiempo que también deberá acondicionar los centros de salud donde se presten estos servicios.
La prevención cuenta también con un papel primordial y queda en manos del Gobierno incluirla en sus políticas de salud.
De hecho, con la norma se crea también el premio nacional "Entidad Comprometida con la Prevención del Consumo, Abuso y Adicción a las sustancias Psicoactivas", con el que el Ministerio de Salud y de la Protección Social reconocerá las mejores iniciativas en este campo.
En sus primeros meses de vida, la Ley 1655 se empezará a aplicar entre menores de edad, identificados como la población más vulnerable, e irá ampliando su cobertura, que de acuerdo a los informes del Gobierno va en aumento.
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