Rigen disposiciones para evitar desordenes este 20 de julio

EFE I LA PATRIA I Bogotá

Las autoridades anunciaron ayer la activación de un plan para prevenir posibles actos de violencia durante las protestas convocadas para mañana 20 de julio en varias ciudades del país, que coincidirán con la instalación en Bogotá del nuevo periodo legislativo del Congreso.

"No permitiremos ni bloqueos, ni violencia, ni campamentos permanentes. No vamos a permitir actos que afecten la tranquilidad", manifestó el ministro de Defensa, Diego Molano, sobre la jornada en la que también se celebra en Colombia el Día de la Independencia.

Para ello serán dispuestos 9.572 agentes de la fuerza pública en Bogotá y los municipios cercanos, cuya función será la de controlar el orden público en la capital del país.

El Ministerio de Defensa advirtió además que "existe un interés especial en grupos armados ilegales como (la guerrilla del) ELN, el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC, en financiar hechos vandálicos durante la jornada de celebración de la independencia".

El Comité Nacional de Paro, principal convocante de las manifestaciones que vivió Colombia desde el 28 de abril y se extendieron durante dos meses, anunció que retomará las movilizaciones el próximo martes "para exigir del Gobierno nacional y de sus mayorías en el Congreso una respuesta a la grave crisis humanitaria, social, económica y política que estamos atravesando".

El 20 de julio también se espera que llegue a Bogotá, desde diferentes ciudades del país, una "avanzada nacional" de las denominadas "primeras líneas" de las protestas, así como una delegación indígena.

Medidas de prevención

Las protestas, que inicialmente fueron convocadas para rechazar una reforma tributaria del Gobierno del presidente Iván Duque, derivaron en una de las peores crisis recientes del país y, pese a que la mayoría transcurrió de forma pacífica, en ciudades como Bogotá y Cali estuvieron marcadas por la violencia.

Por esa razón, las autoridades de las principales regiones del país advirtieron esta semana que garantizarán las protestas pacíficas del 20 de julio, pero no permitirán actos de vandalismo.

La Gobernación del Valle del Cauca, donde ocurrieron la mayor cantidad de hechos violentos, autorizó el cierre de fronteras en el departamento hasta el 22 de julio "con el propósito de disminuir la velocidad de contagio del covid-19, garantizar la convivencia pacífica y evitar el riesgo de alteración del orden público".

"Al igual que tenemos que respetar a quienes vayan a hacer una protesta social, una protesta pacífica, también tenemos que responder al clamor de muchos vallecaucanos que están esperando que el 20 de julio sea un día tranquilo", aseguró la gobernadora, Clara Luz Roldán.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, aseguró ayer que "hay una coordinación interinstitucional para evitar y prevenir actos de violencia y vandalismo" porque "no son las vías de hecho con las que se logran los resultados para los propósitos sociales que compartimos".

"Bogotá será la capital del diálogo y la concertación. Estamos coordinados para mitigar, contener y judicializar cualquier intento de infiltración a la legítima movilización pacífica", dijo López.

Las manifestaciones, que en las últimas semanas han perdido intensidad hasta reducirse y casi desaparecer, dejan, según organizaciones de derechos humanos, unas 74 víctimas mortales, al menos 20 de ellas por disparos de la Policía, mientras que el Gobierno vincula a las protestas 25 fallecidos.

Manizales acoge las medidas

En Manizales y Caldas rigen las siguientes medidas.

* Se prohíbe el transporte carga y distribución de combustible, gas propano, madera, residuos peligrosos, materiales de construcción y escombros, desde anoche hasta el próximo miércoles.

* Se prohíbe el tránsito de motocicletas con parrillero hasta el próximo miércoles.

- Medidas con excepciones

* De la prohibición se exceptúan las actividades de los miembros de las Fuerzas Militares y de Policía Nacional, y demás organizaciones de seguridad del Estado, así como la industria militar y de defensa, los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, el Ministerio Público, la Defensoría Del Pueblo, los organismos de socorro y de tránsito, y los servicios asignados de escoltas.

* Quienes infrinjan alguna de las anteriores restricciones, se harán acreedores a las sanciones pecuniarias y de inmovilización del vehículo señalada en el artículo 21 de la ley 1383 de 2010.

* La Policía Nacional y las autoridades de tránsito ejercerán la vigilancia y control sobre las medidas adoptadas en el acto administrativo.