Rifirrafe entre Santos y el fiscal por cocaleros

EFE | LA PATRIA | BOGOTÁ

El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, defendió ayer un proyecto de ley que se discute en el Congreso de la República que busca brindar un trato penal diferenciado a pequeños cultivadores de coca.

"Oponerse a esta ley es no darle la oportunidad, no solo a estos campesinos de encontrar una nueva vida legal, sino negarle la oportunidad a Colombia de encontrar, por primera vez, gracias al proceso de paz, una solución estructural y de largo plazo a los cultivos de hoja de coca en el país", afirmó Santos en Santa Marta.

El jefe de Estado se refirió sin mencionarlo al fiscal general, Néstor Humberto Martínez, quien se declaró "aterrado" por los beneficios que contempla este proyecto de ley.

Además, en una carta dirigida al ministro de Justicia, Enrique Gil Botero, Martínez señaló que "en momentos en que los narcocultivos constituyen una amenaza para la consolidación de la paz y, a su turno, contribuyen de manera importante a afectar la convivencia ciudadana, resulta relevante fortalecer los fundamentos de la política criminal del Estado en el empeño de la sociedad colombiana por derrotar el flagelo del narcotráfico".

Santos aseguró no creer que "ningún colombiano quiera ver a estos más de 100 mil campesinos, que en el fondo han sido explotados por las mafias del narcotráfico y que hoy solo quieren una oportunidad, en la cárcel".

Además afirmó que esta iniciativa cobijaría a los pequeños cultivadores de hasta 3,8 hectáreas que solo tuvieron en el cultivo de coca "una opción para alimentar a sus familias".

Los beneficios del proyecto que no se aplicarán retroactivamente, solo favorecerán por una sola vez a los pequeños campesinos que expresen que erradicarán los cultivos, para lo cual tienen un plazo de 45 días.

Asimismo los cultivadores tendrán un año para acogerse a los programas de sustitución de cultivos ilícitos de los que perderían los beneficios en caso de reincidir.

12 meses después de la erradicación y de no reincidencia se procederá a la extinción de la acción penal contra los pequeños productores de cultivos ilícitos.