COLPRENSA | LA PATRIA | BOGOTÁ
La organización internacional Oxfam, en un evento organizado en cooperación con las dos organizaciones más representativas del movimiento campesino, Dignidades Campesinas y la Cumbre Agraria, manifestó serias objeción al nuevo proyecto de reforma rural presentado por el Gobierno.
De acuerdo con Oxfam, el proyecto de ley 133 permitiría la legalización de los baldíos adquiridos de manera irregular en los territorios que se definan como Zonas de Interés de Desarrollo Rural y Económico - Zidres, lo que conducirá a la concentración de tierras en poder de grandes empresarios nacionales y extranjeros.
En los documentos dados a conocer por estas dos organizaciones, se evidencia que este proyecto de ley pretende que los empresarios gestores de los proyectos aprobados en las Zidres sean exentos de la ley 160 de 1994 que prohíbe la concentración de tierras.
Tras un análisis exhaustivo hecho por Oxfam Colombia, en asocio con la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento - Codhes, denuncian que en las tierras que se han establecido como Zidres, los campesinos sin tierra no serían adjudicatarios de baldíos y por el contrario tendrían que endeudarse para poder adquirirla.
Según un informe de la Contraloría de la República, grupos económicos y empresas como Indupalma, los exministros de Agricultura y Desarrollo Rural y de Educación Nacional, Rubén Darío Lizarralde y María Fernanda Ocampo; la familia del entrante Ministro de Agricultura Aurelio Iragorri, Riopaila Castilla, Aceites Manuelita, e incluso transnacionales como Cargill, la mayor comercializadora de materias primas agrícolas del mundo, entre otras, se verían beneficiadas por este proyecto de ley.
En el informe también se indica que entre los 14 casos que implican a las personas naturales y jurídicas anteriormente mencionadas, tendrían un aproximado de 101.180 hectáreas acumuladas irregularmente, pues estos terrenos habían sido adjudicados anteriormente como lotes baldíos.
Contradice acuerdos
Las organizaciones campesinas expresaron que la reforma contradice los acuerdos parciales alcanzados entre el Gobierno y las Farc en La Habana (Cuba), generando todo lo opuesto al espíritu de los acuerdos que buscan una mejor distribución de tierras.
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